En diciembre de 2010, César Peralta y Hans Arias, una pareja de chilenos que estaban criando a dos niños, llegaron a una oficina gubernamental de Santiago de Chile, y pidieron casarse.
Sabían que su solicitud sería rechazada, en realidad buscaban visibilizar una histórica lucha sobre derechos homosexuales, tema del que Argentina, cinco meses antes, ya se había hecho cargo.
El 15 de julio de 2010, el país trasandino había dicho “sí” a la Ley de Matrimonio Igualitario, convirtiéndose en el primero de Sudamérica en contar con un marco legal que amparaba la unión entre personas del mismo sexo.
A Argentina le siguieron Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador, con leyes que se aprobaron entre 2011 y 2019.
En Chile, el 7 de diciembre de 2021 quedará para siempre en la memoria de todos sus ciudadanos, como un acto de justicia e inclusión. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, por 82 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones el proyecto que reglamenta el matrimonio de parejas del mismo sexo, y lo pone a la par de otras uniones.
El informe fue emitido por la Comisión Mixta sobre matrimonio igualitario. Tras recibir el respaldo en este último trámite legislativo, el proyecto se remitió al Poder Ejecutivo para su promulgación. Ese mismo día, pero más temprano, el Senado había aprobado la iniciativa con 21 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones.
La Ley 19947 establece una nueva ley de matrimonio civil; introduce reformas al Código Civil, al del Trabajo y a las leyes sobre filiación.
Las parejas que decidan casarse a partir de marzo de 2022, podrán convertirse, mediante adopción o fertilización asistida, en “progenitores” o “progenitoras”, y sus hijos o hijas tendrán vínculo legal con ambos o ambas.
Así, se deja atrás el artículo 126 del Decreto con Fuerza de Ley Nº2128 de 1930, que señala: “En Chile los apellidos o nombres de familia de las personas están compuestos por un apellido paterno y materno”, desapareciendo, de esta manera, los conceptos de “padre” y “madre”.
Las modificaciones lingüísticas fundamentales a la antigua Ley de 1984, generan una reconceptualización y, con ello, nuevas reglas. Se reemplaza en el artículo 102, la expresión: “un hombre y una mujer”, por “dos personas” y se elimina la frase “procrear”. Se sustituye en el artículo 131 la palabra “el marido y la mujer”, por “cónyuges”.
Esta victoria esencial para los activistas de los derechos homosexuales, subraya el cambio profundo que en la última década ha atravesado la política y sociedad chilena. Es un hecho que la votación ocurre en un momento en que Chile, mirado como un país conservador y estable en la región, está siendo desafiado a cambios sociales transcendentales; la creación de una nueva Constitución Política y la reformulación de leyes que han enmarcado al país por años.
La primera piedra puesta en el tema del matrimonio igualitario fue en 2008. En esa oportunidad se presentó un primer proyecto por parte de un grupo de diputados de la coalición de partidos políticos de izquierda; Alfonso de Urresti, Marco Enríquez-Ominami, Ramón Farías, Guido Girardi y Jorge Insunza. La iniciativa contemplaba la unión de personas del mismo sexo, pero no consideraba la filiación.
En 2010, varios legisladores chilenos proponían una ley de unión civil, pero que no ampliaba la definición de matrimonio ni otorgaba el derecho a adoptar niños, a parejas del mismo sexo.
La falta de apoyo en el Congreso era evidente, y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) llevó el caso a la Corte de Apelaciones, luego, a la Corte Suprema que en 2012 falló en contra de los demandantes.
Ante esta derrota, Movilh demandó a Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras se comparecía el caso, Chile aprobó la ley de uniones civiles en 2015, pero las personas homosexuales seguían desprovistas de sus derechos elementales, entre ellos la posibilidad de adoptar.
El 28 de agosto de 2017, la ex presidenta de la República, Michelle Bachelet (hoy, alta comisionada de la ONU para los Derechos humanos), firmó el proyecto de matrimonio igualitario, una iniciativa que fue parte de su programa de su segundo gobierno, y que significó un acuerdo entre el Estado chileno y Movilh, mediado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Era la primera vez que la máxima autoridad del país presentaba una iniciativa de ese tipo, dando un claro apoyo a las demandas de la diversidad sexual y a la lucha que se ha dado por el reconocimiento pleno de sus derechos.
Lamentablemente, la iniciativa se envió solo unos meses antes del término del mandato, por lo que la ley no alcanzó a ser aprobada. El proyecto durmió en el Parlamento por cuatro años, sin ser considerado importante ni urgente.
El actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, en 2017 se mostró contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la adopción homoparental. Señalaba que el matrimonio era para procrear y que lo mejor para un niño era que la familia que lo adoptase tuviera la figura de un padre y una madre. Nuevamente la voluntad política para avanzar era inexistente.
En junio de 2021, Piñera, con un porcentaje de desaprobación histórica de un 71%, cuestionado por violación a los derechos humanos y por su pésimo manejo de la pandemia, sorprendió al país y a su sector político impulsando con urgencia el proyecto de matrimonio igualitario.
Tras seis meses de tramitación, hoy, la Ley de Matrimonio Civil en Chile es igual para todas y todos. La bandera de lucha flamea.
Parejas homosexuales cuentan los días para oficializar sus familias en Chile