Desde que se firmó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, el 15 de noviembre del 2019, Chile comenzaba a recorrer un camino hacia la redacción de una nueva Carta Magna que no sería fácil.
No solo porque es inédito el proceso constitucional de participación ciudadana, sino porque las reglas del juego han cambiado. Esta nueva forma de construir y conducir el país que emerge desde la gente, fue y sigue siendo un duro golpe para la élite chilena que ha dominado a un pueblo por décadas.
Este grupo minoritario formó una red omnipresente en el poder político y económico, multiplicó beneficios y salió incólume de casos de corrupción que enfervorizaron el desencanto y la desconfianza de gran parte de la población que empatizó y se manifestó en el estallido social, en octubre del 2019.
Esa desconexión con las necesidades de los ciudadanos, con los pueblos originarios y su cultura, se vislumbran como parte de los factores que hicieron detonar la explosión social, la más grande de los últimos 30 años desde el inicio de la llamada “democracia” chilena.
A toda esa segregación se suma la indolencia e inequidad. Esa idea de que algunos son seres privilegiados respecto a otros, y que las manos que ejercen el poder no deben ni pueden conmutar.
Por supuesto la elección de Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constitucional, significó mucho más que un desagrado para ese grupo. Mujer, mapuche, académica, con ideas de justicia social y defensora de la causa indígena, Loncón rompió con el perfil prototípico establecido en cualquier cargo de importancia.
En este escenario comenzaron múltiples acusaciones políticas e ideológicas en contra de la Convención y su mesa. Muchas de estas críticas emanan de quienes nunca quisieron un cambio en la Constitución, mucho menos un proceso constitucional.
Acusan a la Convención de no realizar el trabajo para el que fueron elegidos, de abuso de un grupo, que no se permite hablar ni dar un punto de vista a los de un sector político distinto, que se cambian constantemente las reglas, que les hablan “irrespetuosamente” en una lengua originaria, que los constituyentes hacen show y todo es un caos.
Parece ser un espejo la situación que relata, por ejemplo, Marcela Cubillos, ex Ministra de Educación del gobierno de Sebastián Piñera, porque fue precisamente esto lo que por largos años hizo la derecha en Chile.
Entre este absurdo tironeo político y comunicacional, que nada tiene que ver con las discusiones propias de un proceso constituyente, sino con las viejas y arraigadas ideas sobre dos tipos de ciudadanos: los buenos y los malos, patrones y empleados, dominadores y dominados, la Convención Constitucional sí tiene avances en este primer período de trabajo.
En primer lugar, ya están constituidas y trabajando las ocho comisiones transitorias y algunas subcomisiones, con coordinadores electos y electas en cada una.
Esta semana se resolvieron asuntos importantes: la primera es el acceso de la prensa a la Convención. Se garantizó una prensa libre que pueda fiscalizar a los poderes. Elemento base en una verdadera democracia.
La Convención es un poder que requiere igual escrutinio y fiscalización pública. La mesa lo entendió y aceptó que la Convención sea reporteada sin limitaciones, salvo las del aforo, por la pandemia.
En segundo lugar, se debatió y resolvió respecto de la elección de la mesa ampliada, con siete nuevas vicepresidencias adjuntas. Se eligió mayoritariamente el sistema de patrocinios, que permite acceso a una mayor amplitud de grupos. Se privilegió la integración en la diferencia.
Las señales positivas en el trabajo de la Convención son evidentes y van por buen camino.
Generar un ambiente de catástrofe y caos es una estrategia antigua, conocida y obsoleta. Esa actitud elitista (que ya es un comportamiento en algunos y algunas), solo perjudicará y dañará un proceso hermoso y constructivo.
Chile cambió, hoy es y debe seguir siendo un país de y para todos y todas en el más amplio sentido de la palabra, y nunca más, de unos pocos.