Por primera vez en la historia de Chile, cada una de las dieciséis regiones del país tuvieron la posibilidad de elegir a su máximo poder regional, al Gobernador.
Este proceso eleccionario popular significó votar directamente por quienes, a partir de julio próximo, reemplazarán de manera definitiva a la figura del Intendente quien era designado hasta ahora por el Presidente de la República de turno.
Cada Gobernador presidirá su Consejo Regional y, básicamente, tendrá entre sus labores coordinar y fiscalizar por cuatro años los servicios públicos que dependen o se relacionan con el Gobierno Regional.
La máxima autoridad local tendrá un gran peso político al ser electo en las urnas, no obstante, el problema principal de su labor radica en sus atribuciones, pues hoy no tiene recursos bajo su control directo.
Entonces, ¿cómo se puede gobernar efectivamente con las manos vacías?
Las discusiones para entregarles mayores facultades a los gobernadores parecen insuficientes, imprecisas y sobre la marcha.
En estos días, en el Congreso Nacional se discuten leyes para darles mayores potestades; una Ley Corta sobre descentralización, en donde el poder jerárquico máximo siempre estará en manos del gobierno central (a través de un representante); la segunda, sobre el financiamiento regional, pero sin nuevos recursos.
Si no es el gobernador, entonces, ¿quién maneja y orienta los recursos de las regiones?
En medio de esta grave debilidad de atribuciones, aparece un nuevo cargo en la estructura local: el Delegado Presidencial.
Aparte de ser de absoluta confianza del Presidente de la República y ser designado por el mandatario como representante del gobierno central, mantendrá la mayoría de las facultades del antiguo y desaparecido intendente. Algo inexplicable e inentendible.
Precisamente, son ambos cargos zonales, sus atribuciones y el ordenamiento administrativo que los gobiernos regionales tendrán a partir de ahora, lo que genera “ruido”. Parece ser una nueva cortina de humo: la voz del pueblo, pero sin el pueblo.
Un ejemplo claro de esta incoherencia. En el control del orden público, los gobernadores no tendrán atribuciones directas con la capacidad operativa de las policías, ni tampoco la tendrán en la coordinación de los servicios públicos de la localidad.
Si bien el rol del gobernador es autónomo; puede formular políticas de desarrollo de la región y someterlas a la aprobación del Consejo Regional, este organismo podría priorizar temas o proyectos que consideren importantes, necesarios y relevantes para la región.
Así, se profundiza todavía más el cuestionamiento inicial, ¿cómo se puede gobernar una región, de acuerdo a sus propios problemas, si el gobernador elegido por la gente para dirigir esa zona, no tiene facultades sobre el Ministerio de Obras Públicas o de Vivienda, ni las tiene en la inversión sectorial regional?
¿Cómo administrar, si la ley actual deja un amplio rango de competencias al Delegado Presidencial y no al Gobernador Regional? Como mínimo, esta situación genera confusión y controversia.
Otro punto no menor a considerar. El triunfo mayoritario de los gobernadores independientes y la aplastante derrota de los partidos políticos de gobierno (solo el 13,9%), el escenario de cohabitación de ambos poderes se torna aún más complejo.
Lograr acuerdos y avances para las regiones parece ser un escenario confuso todavía, pero es lo que debería caracteriza a un sistema democrático del que parece no haber mayores luces.
En un real camino hacia la descentralización, las leyes correspondientes a las atribuciones del gobernador deberían especificarse y ampliarse hacia la administración de recursos económicos y humanos. Por otro lado, deberían unirse en torno a problemas territoriales comunes y fundamentales, como el tema del agua o el de los pueblos originarios, por ejemplo.
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