
Donald Trump firmó un memorándum presidencial, en el cual excluye a los inmigrantes indocumentados una vez que se asignan los distritos en la Cámara de Representantes de la nación.
La directiva del presidente excluiría a millones de personas al determinar cuántos escaños de la Cámara debería tener cada estado en función del censo, revirtiendo la política de muchos años, de contar a todos por igual, independientemente de su ciudadanía o estatus legal.
Esta maniobra política del presidente tendrá un efecto donde probablemente cambiaría varios escaños de estados demócratas a estados republicanos.
“Excluir a estos extranjeros ilegales de la base de reparto es más acorde con los principios de la democracia representativa que sustenta nuestro sistema de gobierno. Ofrecer representación en el Congreso e influencia política formal, a los Estados debido a la presencia dentro de sus fronteras de extranjeros que no han seguido los pasos para asegurar un estatus migratorio legal bajo nuestras leyes, socava esos principios”, subraya el memorando.
"En consecuencia, he determinado que el respeto a la ley y la protección de la integridad del proceso democrático justifican la exclusión de los extranjeros ilegales de la base de distribución, en la medida de lo posible y en la máxima medida de la discreción del presidente bajo la ley".
Memorándum completo en este enlace.
El memorándum representa el último esfuerzo de la administración Trump, para cambiar la forma en que se cuenta a las poblaciones estadounidenses y avanzar en su agenda de inmigración.
Es importante resaltar, que este problema finalizará en los tribunales, al igual que muchos de los esfuerzos anteriores del presidente Trump en contra de la comunidad inmigrante.
Así mismo, debemos recordar que este memorándum se firma un año después de que el Tribunal Supremo bloqueó a Donald Trump para que no agregara una pregunta de ciudadanía al censo con el argumento de que su aparente razonamiento "parece haber sido inventado".
“Según la Orden Ejecutiva 13880 del 11 de julio de 2019, instruí a los departamentos y agencias ejecutivas compartir información con el Departamento de Comercio, para permitir al secretario obtener datos precisos sobre el número de ciudadanos, no ciudadanos y extranjeros ilegales en el país”, refleja el memorando.
La administración de Trump desde entonces ha estado intentando recopilar información sobre inmigrantes indocumentados a través de medios separados, como, por ejemplo, los archivos de licencias de conducir.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles califica la orden del presidente Trump de prohibir que los inmigrantes indocumentados sean contados en el censo claramente como inconstitucionales.
Su director Dale Ho, director del Proyecto de Derechos de Votación de la (ACLU), argumentó con éxito el caso de la Corte Suprema de EE. UU. Que impide que la administración Trump haga una pregunta de ciudadanía en el censo de 2020 en su intento de intimidar a las comunidades inmigrantes de participar.
“La Constitución exige que todos en los EE. UU. Sean contados en el censo. El presidente Trump no puede escoger y elegir. Trató de agregar una pregunta de ciudadanía al censo y perdió en la Corte Suprema. Su último intento de convertir en armamento el censo para un ataque contra las comunidades inmigrantes será inconstitucional. Lo veremos en la corte y ganaremos nuevamente”, expresó Dale Ho.
BREAKING: Trump tried to add a citizenship question to the census and lost in the Supreme Court.
His latest attempt to weaponize the census for an attack on immigrant communities WILL be found unconstitutional.
We’ll see him in court — and win — again.
— ACLU (@ACLU) July 21, 2020
Este Memorándum llega en una creciente campaña electoral, donde ya es por todos conocidos que el discurso de odio del presidente Trump le hace ganar popularidad y hacerse acreedor de votos por parte de quienes se oponen a las políticas en favor de la inmigración.
Autoridades políticas, organizaciones comunitarias de la sociedad civil y los grupos de defensa de inmigrantes en todo el país, a lo largo de estos meses han pasado enfocados en los esfuerzos de divulgación para convencer a los inmigrantes de participar en el censo, independientemente de su estado migratorio.
La comunidad inmigrante, desde un principio reflejaba un gran temor en llenar el censo, pero, en un trabajo arduo con estrategias de marketing y publicidad de parte del Censo, en cierta medida se logró convencer a las comunidades que se hicieran contar y participaran a pesar de sus temores. Este reciente anuncio del presidente profundiza los temores en la comunidad que de por sí, ya tenían desconfianza en participar.
A la fecha el censo se sigue llevando a cabo, las personas indocumentadas que llenaron el censo sienten un gran temor porque sus datos ya están siendo públicos y pueden ser usados en su contra, reflejando que pueden ser deportados por no poseer un estatus legal en este país.
En Nueva York, las reacciones de autoridades políticas, organizaciones civiles y diversos grupos de defensa de la comunidad inmigrante, no se hicieron esperar con respecto al anuncio que emitiera el presidente Trump desde la Casa Blanca.
El alcalde Bill de Blasio a través de su cuenta de Twitter en referencia al memorándum dijo, “Esto es lo que hace Donald Trump: utiliza su agenda racista para manipular nuestras instituciones democráticas. NO lo permitiremos y lucharemos para asegurar que todos los neoyorquinos sean contados”.
This is what Trump does — uses his racist agenda to manipulate our democratic institutions. We will NOT allow it and will fight to ensure ALL New Yorkers are counted.https://t.co/O8HdGpDXp0
— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) July 21, 2020
Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció que demandará a la Administración de Donald Trump después de que el mandatario firmara un memorándum que excluye a los inmigrantes indocumentados del conteo de cara a la representación legislativa después del censo.
"Nadie deja de ser una persona por falta de documentación", dijo en un comunicado remitido a la prensa James, en el que se tacha de "ilegal" el memorando y en el que se subraya que esta medida se ha llevado a cabo por el Gobierno de Trump para "cambiar el equilibrio de poder en el Congreso".
A través de su cuenta oficial de Twitter, la fiscal general resaltó que “según la ley cada persona que resida en los Estados Unidos durante el censo, independientemente de su estado migratorio, debe ser contada. Vencimos al presidente antes y lo desafiaremos una vez más. Nadie deja de ser una persona porque carece de documentación. ¡Vamos a luchar!”, finalizó James.
Under the law, every person residing in the United States during the census, regardless of immigration status, must be counted.
We beat the president before, and we’ll challenge him once again. No one ceases to be a person because they lack documentation.
We will fight back. https://t.co/bT1LKx5ZdQ
— NY AG James (@NewYorkStateAG) July 21, 2020
La organización proinmigrante Make the Road Nueva York, que desde hace muchos años ha venido trabajando con la comunidad inmigrante, especialmente de la comunidad latina, respondieron a Donald Trump que el intento de impedir que los inmigrantes cuenten para la distribución federal después del censo 2020 es “inconstitucional, es un claro intento de intimidar y confundir a los inmigrantes de participar en el censo”.
Este escandaloso documento va en contra de la decisión de la Corte Suprema en nuestra demanda y el lenguaje claro de la constitución. “Lucharemos y ganaremos, tal como lo hicimos el año pasado, también continuaremos nuestros esfuerzos a gran escala para educar a nuestra comunidad sobre la importancia de completar el censo y ser contados. Su orden temeraria no se mantendrá y nuestras comunidades serán contadas”, finalizó la organización.



























