Un tribunal federal de apelaciones escucha argumentos en el caso de una hondureña que huyó de su país por violencia doméstica y a la cual el gobierno le ha impuesto multas por más de 300.000 dólares mientras ella resiste la deportación amparada por iglesias en Carolina del Norte.
El Tribunal Federal de Apelaciones del Cuarto Distrito, en Rhichmond, deberá pronunciarse sobre el caso de Rosa del Carmen Ortez Cruz en otra prueba para la política inmigratoria del presidente Donald Trump, que ha restringido el otorgamiento de asilos.
El asunto central en la audiencia es si este tribunal tiene jurisdicción para revisar si hubo un error cuando el gobierno negó el pedido de asilo de Ortez. Se espera un fallo para fines de este año o comienzos del próximo.
La Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) notificó a comienzos de octubre a Ortez y al menos una docena de inmigrantes que han buscado santuario en iglesias, que quedaba en suspenso la aplicación de las multas que se les impusieron después que desobedecieron las órdenes de deportación.
"Las multas han quedado suspendidas, pero pueden ser impuestas nuevamente", explicó a EFE Simon Taft, uno de los abogados en la firma McKinney Immigration Law, de Greensboro, que representa a Ortez, la mujer amparada por la iglesia presbiteriana Reconciliation y la iglesia menonita Fellowship en esa ciudad de Carolina del Norte.
Al menos otros 44 inmigrantes indocumentados han buscado santuario en comunidades religiosas de todo el país y desde diciembre pasado el gobierno les ha notificado de multas en iglesias en Colorado, Utah, Texas, Virginia y Washington.
El gobierno de Trump alega que las multas se aplican bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad promulgada hace medio siglo.
Noel Andersen, coordinador del Servicio Mundial de Iglesias que ayuda a organizar los santuarios eclesiásticos, en declaraciones a la prensa opinó que esas multas "van a la par de las tácticas extremadamente crueles e inusitadas para crear miedo. Se trata, claramente, de un ataque al movimiento santuario", dijo.
Por su parte, ICE ha señalado que la decisión sobre una multa se determina caso por caso, tomando en cuenta los pasos que el extranjero ha dado para cumplir con su obligación de deportación o partida voluntaria.
En el caso de Ortez, la multa fue de 799 dólares diarios y alcanzó a más de 300.000 dólares cuando llegó la nota de ICE dejándola en suspenso.
https://impactolatino.com/estados-unidos-amplia-por-12-meses-mas-el-estatus-temporal-para-salvadorenos/
Ortez, de 39 años y con cuatro hijos, huyó de Honduras en 2002 después que su compañero y padre de su primer hijo la atacó a cuchilladas que le han dejado dos cicatrices profundas en su vientre.
La mujer ha vivido en el área de Washington DC y el Estado de Virginia y sólo un año después de su ingreso ilegal a Estados Unidos solicitó asilo alegando temor por su vida si retornaba a Honduras.
En 2013 un altercado con su hijo adolescente llevó a la detención de Ortez y dos cargos de delito menor, y eso puso en marcha el trámite de deportación, que fue ordenada en 2017 por un juez de inmigración en Charlotte.
Los abogados de Ortez apelaron la decisión citando la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que especifica que "nadie será sujeto a tortura, o tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes", pero el pedido fue rechazado el 23 de marzo de 2018 y Ortez recibió la orden de salir del país antes del 14 de mayo.
Fue entonces cuando Ortez abandonó su casa en Greensboro donde ha vivido por 12 años y se amparó en el santuario de las iglesias de Chapel Hill. EFE