La junta directiva del Parlamento de Nicaragua prevé citar al plenario a discutir unas reformas a la Constitución que, entre otros asuntos, devolverían al Ejecutivo que preside Daniel Ortega poderes que tenía el dictador Anastasio Somosa Debayle, señaló hoy un dirigente opositor.
"Están citando de emergencia a una reunión de Junta Directiva para este lunes, a fin de citar al plenario el miércoles y ese mismo día vaya a discusión una Comisión Especial", dijo el subjefe de la opositora Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Alberto Lacayo.
Las propuestas de reformas fueron introducidas ante la Asamblea Nacional (Parlamento) nicaragüense por el partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que tiene amplia mayoría en el Legislativo.
El jefe de la bancada del FSLN en la Asamblea, Edwin Castro, dijo el pasado 1 de octubre las reformas se centrarán en cuatro temas: geografía nacional, diálogo tripartito del Gobierno con los empresarios y sindicalistas, adopción de la declaración del bien común y porcentaje de mujeres en candidaturas a cargos de elección popular.
Entre otras propuestas está que el presidente de la República pueda ser electo con la mayoría relativa de votos, dicte decretos ejecutivos con fuerza de ley y nombre a militares en servicio activo para ocupar cargos en instituciones del Estado.
"Las propuestas de reforma traen todo lo contrario a lo que se luchó para derrocar a (el presidente Anastasio) Somoza, se luchó para no tener una familia dinástica y corrupta en el poder, para que no fuéramos gobernados por militares, para tener libertades públicas, para que no hubiera un presidente permanente", se quejó Lacayo.
Por su parte, el disidente sandinista y analista político Edmundo Jarquín comentó en su blog semanal que la propuesta está diseñada "para que la Constitución Política de Nicaragua se ajuste a la voluntad y antojo partidario de los actuales gobernantes".
Los opositores critican que la nueva Constitución acepte que funcionarios con cargos vencidos permanezcan en sus puestos mientras la Asamblea Nacional no elija a sus sustitutos, tal como ocurre de hecho con el Gobierno de Ortega.
Asimismo, consideran que es negativo que la Ley de Justicia Constitucional sustituya la Ley de Amparo, se establezca como constitucional la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se aumente el período de gobiernos municipales de cuatro a cinco años, se institucionalice el concepto de "democracia directa" y que los diputados no puedan cambiar de bancada.
Para la oposición, la Constitución actual de Nicaragua no necesita ser reformada.
"Nuestro problema no es de normas constitucionales de ley, sino que se respeten", opinó Jarquín.
Lacayo, por su parte, ve con preocupación que Ortega y su familia quieran mantenerse en el poder.
"Estamos peor, porque con Somoza sólo teníamos un Chigüín (Anastasio Somoza hijo, de la tercera generación de la dinastía de 40 años), pero esta familia es más numerosa, son nueve chigüines (hijos de Ortega)", criticó Lacayo.
Tras pasar el período de consultas de la Comisión Especial, en noviembre, las reformas constitucionales entrarían en vigencia en diciembre próximo, estimó el representante de la BDN.
Ortega va por la reelección indefinida, más poder y alianza con militares
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, busca la reelección indefinida con una reforma a la Constitución que le otorgaría más poderes y con la que pretende institucionalizar un modelo de "democracia directa" y otorgar mayores facultades a los militares, según políticos y analistas.
La propuesta de reforma a la Carga Magna, presentada por el grupo parlamentario sandinista, que tiene mayoría absoluta en el Congreso, elimina la prohibición de la reelección presidencial, lo que permitiría a Ortega aspirar a su cuarto mandato en los comicios de 2016.
Entre otras enmiendas está que el presidente de la República pueda ser electo con la mayoría relativa de votos, es decir con la mitad más uno de los sufragios; dicte decretos ejecutivos con fuerza de ley y nombre a militares en servicio activo para ocupar cargos en instituciones del Estado.
La enmienda será anunciada al pleno en una sesión especial el próximo miércoles y será una comisión especial, dominada por los sandinistas, la encargada de dictaminar su viabilidad antes de su discusión.
"Esta reforma constitucional viene a institucionalizar el modelo de gobierno que se está aplicando en el país, en un contexto donde la democracia va tomando un nuevo giro", explica el documento de los legisladores sandinistas.
También busca la institucionalización y fortalecimiento de un "nuevo modelo", que comprenden la "definición precisa de los mecanismos de democracia directa, entendida ésta como la participación del pueblo de manera continua en el ejercicio directo del poder", agrega.
Para el diputado disidente sandinista Hugo Torres, la propuesta de reforma constitucional está hecha a la "medida" de Ortega para mantenerse en el poder, ya que la enmienda elimina el artículo que prohibía la reelección presidencial.
No obstante, para el también diputado opositor Eliseo Núñez, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), la reelección no es el tema central de las reformas, sino construir y crear una "dinastía" con apoyo militar.
Anotó con preocupación la presencia de militares activos en el gobierno y que se le otorgue mayores facultades al Ejército en la propuesta.
"Las reformas constitucionales proponen prohibir bases de datos alojadas en servidores extranjeros y control total de salidas satélites: Internet en riesgo", advirtió.
Según el jefe de la bancada sandinista en el Congreso, Edwin Castro, las reformas se centrarán en cuatro temas: geografía nacional, diálogo tripartito del Gobierno con los empresarios y sindicalistas, adopción de la declaración del bien común y porcentaje de mujeres en candidaturas a cargos de elección popular.
Para el constitucionalista Gabriel Álvarez, en la propuesta de reforma destaca, dentro del modelo de "democracia directa", el poder que se le otorgaría a gabinetes afines al partido gobernante, el cual podría estar "por encima de los pilares clásicos de un Estado democrático de derecho".
Por su parte, el obispo de la diócesis de Managua, Leopoldo Brenes, dijo a periodistas que las reformas deben ser estudiadas, someterlas a consultas y adelantó que a mediados de noviembre, cuando se reúna la Conferencia Episcopal, será uno de los temas a discutir.
"No podemos estar hablando en contra o a favor de las reformas, porque recién están llegadas y sólo conocemos lo que los interesados políticamente están diciendo", opinó, por su lado, el diputado liberal Wilfredo Navarro, que forma parte de la comisión especial que dictaminará la enmienda.
La principal crítica de los analistas y políticos opositores es que las reformas abren el camino para la reelección indefinida de Ortega.
El mandatario lleva casi la mitad de su vida como líder indiscutible del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido del que ha sido su único candidato presidencial en los comicios de 1984, 1990, 1996, 2001, 2006 y 2011.
En las elecciones de 2011, pese a que la Constitución lo prohibía, se presentó como candidato a la Presidencia gracias a una maniobra jurídica con la que burló la norma constitucional que se interponía entre él y su objetivo de mantenerse en el poder cinco años más.
Los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia, sin presencia de magistrados opositores, declararon en octubre de 2009 inaplicable el artículo de la Carta Magna que impedía la reelección continua del presidente y limitaba a dos su número de mandatos.
La nueva enmienda eliminaría ese artículo.