Por Ramón Santos Lantigua
Descendientes de haitianos en condición irregular en la República Dominicana denunciaron que miles de personas pueden quedar apátridas tras el vencimiento el pasado domingo del plazo para acogerse a la ley especial de naturalización dominicana, cuya aplicación consideran "un fracaso".
La ley, una de varias iniciativas del Gobierno para definir la situación de miles ciudadanos en condición irregular, entró en vigor en mayo del año pasado y fue aplaudida por sectores internacionales y nacionales tradicionalmente defensores de los derechos de inmigrantes haitianos residentes en el país.
La iniciativa establece un régimen especial en beneficio de hijos de madres y padres extranjeros no residentes, nacidos en el territorio nacional entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007 asentados en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción.
También, para aquellos hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil.
Las autoridades del Ministerio de Interior y Policía, a cargo de la ejecución de la ley, aseguraron ayer que 6.937 personas se acogieron a la medida, una cifra muy por debajo de las 60.000 personas que grupos de la sociedad civil habían pronosticado se inscribirían.
La ley 169-14 en realidad fue votada para un máximo de seis meses, por lo que debió concluir en octubre pasado, pero diferentes sectores locales e internacionales y el propio Gobierno haitiano solicitaron una prórroga y República Dominicana extendió su plazo por otros 90 días que concluyen mañana.
El abogado Wade McMullen, del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, indicó desde Estados Unidos, que la ley de naturalización dominicana es una "solución defectuosa" que "viola" los derechos humanos.
A su vez, advirtió la "falta de protección" de todos aquellos que no queden cubiertos por la ley y expresó su "extrema preocupación" por la situación que creará quedarse fuera de la ley.
"Todos aquellos que no estén incluidos quedarán en una situación 'extremadamente vulnerable'", indicó McMullen.
Sin embargo, las autoridades dominicanas han hecho hincapié en las facilidades que otorga la ley, entre ellas su aplicación gratuita, además de que su vigencia ha ido a la par del Plan de Regularización de Extranjeros, dirigido a regular el estatus de aquellos indocumentados que nacieron fuera del país.
Las autoridades haitianas, ante esta situación, han admitido sus dificultades para otorgar documentos de identidad a sus nacionales residentes en el país y en su momento respaldaron la ley de naturalización.
El viceministro de Interior y Policía dominicano, Washington González, dijo que quienes no se hayan acogido a la ley quedarán en situación de irregularidad.
"Las cifras (de registrados) que emite el Ministerio de Interior y Policía son preocupantes, porque no hay manera de constatar si eso es así; ese proceso debió manejarlo la Junta Central Electoral que es la que está facultada por la constitución para hacerlo", dijo el experto constitucionalista José Castillo Pantaleón, un defensor de una política migratoria firme.
El letrado y escritor afirmó que la ley especial de naturalización ha sido mal aplicada por las autoridades, y recordó que el Tribunal Constitucional está apoderado de un recurso de inconstitucionalidad contra esa iniciativa.
"Haití y las ong's internacionales que defienden a ese país, no les interesa resolver nada con sus ciudadanos porque es más fácil que República Dominicana cargue con sus problemas como lo ha venido haciendo durante décadas", afirmó el catedrático universitario y advirtió que "miles de haitianos" cruzan cada día la frontera hacia territorio dominicano.
Amnistía Internacional (AI) advirtió, por su lado, que "miles de personas correrán peligro de ser expulsadas del país", al concluir el plazo de la ley de naturalización.
La directora del Programa para América de la entidad, Erika Guervara Rosas, dijo que aunque estas personas puedan permanecer en la República Dominicana una vez vencido el plazo, su futuro será "terriblemente incierto".
La ley especial de naturalización y el plan de regularización de extranjeros surgieron tras una sentencia del Tribunal Constitucional dominicano, emitida en septiembre de 2013, que establece los parámetros para adquirir la nacionalidad y que causó gran revuelo local e internacionalmente con países y sectores a favor y otros en contra.
ONU RECLAMA
El Comité de los Derechos de los Niños de la ONU reclamó a la República Dominicana que asegure la nacionalidad a todos los nacidos en el país y que reconsidere la decisión de retirarla a los hijos de inmigrantes indocumentados, en su gran mayoría haitianos.
"El Comité está muy preocupado por la decisión de la Corte Constitucional que puede quitar la nacionalidad a decenas de miles de personas de origen haitiano, incluyendo niños nacidos en el país de padres en situación de inmigrantes irregulares", señalan las conclusiones del Comité.
Además, aunque considera que la ley de naturalización dictada en 2014 por la República Dominicana puede mitigar las consecuencias de la decisión de la Corte, el Comité está preocupado por su aplicación y porque "el proceso de naturalización no cumple totalmente con la Convención de los Derechos de los Niños".
En 2013, la Corte Constitucional decidió revocar la ley que concedía la nacionalidad a miles de haitianos indocumentados residentes en la República Dominicana y a sus hijos nacidos en el país, que habían obtenido la nacionalidad.
Estas personas corren el riesgo de ser deportadas pese a la ley aprobada el año pasado para su regularización, con criterios muy restrictivos y que exigía su inscripción en un registro antes del pasado 1 de febrero, gestión en la que se han denunciado numerosos problemas.
"La Ley tuvo un efecto retroactivo, lo que de por si es criticable. Pero el problema mayor es que mucha personas, y especialmente los niños, han quedado en una situación de indefensión, porque al ser irregulares, pueden ser expulsados en cualquier momento", dijo en rueda de prensa Jorge Cardona Llorens, redactor del informe.
La ONU ya ha criticado en varias ocasiones que la ley que facilita la nacionalidad dominicana no incluya a aquellos que no fueron inscritos al nacer, que son la mayoría de los afectados.
"El proceso para poder volver a obtener la nacionalidad es muy complicado y muy restrictivo, y deja fuera a miles de personas que nunca podrán cumplir con los criterios", agregó Cardona.
"También es muy lamentable que la Corte Suprema haya decidido que la República Dominicana no está sometida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo que sus sentencias, y especialmente las que se refieren a la nacionalidad no se están cumpliendo", señaló el experto.
"Que se asegure que ningún niño es deportado" y que "no aplique políticas retroactivas" con respecto a la nacionalidad, dijo Cardona El Comité, por su parte, se ha lamentado de que prevalezca la discriminación de los niños de origen haitiano, "especialmente con respecto a su derecho a la educación".
"La persistente discriminación y los estereotipos de género de mujeres y niñas, que contribuyen a la violencia de género, afecta especialmente a mujeres de origen haitiano", han dicho los expertos del Comité de la ONU.
Periodistas denuncian amenazas por defender a haitianos
Los comunicadores Juan Bolívar Díaz, Huchi Lora, Roberto Cavada y Amelia Deschamps denunciaron que son víctimas de amenazas e insultos por defender a la comunidad haitiana en la República Dominicana.
Tras la denuncia formulada hoy en conferencia de prensa, el Jefe de la Policía Nacional dominicana, Manuel Castro Castillo, anunció que asumía "personalmente" la investigación por la denuncia que han hecho los comunicadores que trabajan en República Dominicana.
"Como parte del inicio de la investigación", el jefe de la policía visitó hoy en su domicilio al propio Huchi Lora.
A su vez, fuentes del cuerpo señalaron que, en estos momentos, coordina con el procurador general de la República, Francisco Dominguez Brito, una investigación conjunta para "aclarar todos los detalles al respecto".
Precisamente el procurador general de la República, Francisco Dominguez Brito, aseguró que en un estado democrático y de derecho la libertad de expresión debe ser defendida a toda costa.
En un mensaje a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, agregó que "eso es sobre todo nuestra responsabilidad".
"Vivir en democracia implica que no haya mas fundamentalismo que el imperio de la Ley, es esencial la tolerancia y la libertad de pensamiento", agregó.
Cavada es cubano residente en la República Dominicana.
Los comunicadores entregaron una denuncia en la Fiscalía de Santiago (al norte del país), por amenazas; y, en la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional (en Santo Domingo), pidieron formalmente vídeos de seguridad de los supermercados donde fueron increpados.
"Esta campaña y amenazas buscan un propósito, el silencio de la prensa, y esto es parte de un proyecto totalitario que esperamos no se llegue a materializar", dijo Lora.
Por su parte, Deschamps dijo: hace muchos años "tomamos la libre decisión de defender derechos todos los días y de trabajar, no solo para defenderlos, sino para que se amplíen y nada ni nadie nos va a hacer cambiar de opinión".
Los periodistas aseguraron que los promotores de esta campaña de odio son "agrupaciones minoritarias".