La representante de Puerto Rico ante el Congreso en Washington, DC, Jenniffer González, anunció que el Gobierno local recibió 2,7 millones de dólares en fondos federales para atender y combatir casos de mujeres víctimas de violencia machista en la isla.
"Cada vez se escucha con mayor frecuencia e intensidad los casos de violencia hacia las mujeres en la isla", dijo González en un comunicado de prensa, días después de que Colectiva Feminista en Construcción le exigió a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, que declare un estado de emergencia en la isla.
El dinero proviene de la oficina de la Violencia en Contra de la Mujer del Departamento de Justicia federal, dijo González en un comunicado de prensa.
De los 2,7 millones de dólares, 1,7 serán para la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) de Puerto Rico para el programa STOP.
Ese monto de dinero será para desarrollar y fortalecer servicios a las víctimas en casos de crímenes violentos, incluyendo acoso sexual y persecución.
"Esto es una situación preocupante que se debe atacar con urgencia, y la llegada de estos fondos federales va a ayudar a que la OPM y a otras organizaciones puedan atender y proveer asistencia directa a las mujeres en la isla", agregó González.
Por otro lado, la OPM recibirá 413.245 dólares bajo el programa SAS, el cual provee asistencia a los estados y territorios de los Estados Unidos, para apoyar a centros de crisis por violación y otras organizaciones sin fines de lucro en la intervención directa y asistencia relacionada a víctimas de agresión sexual.
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A su vez, la Escuela de Medicina San Juan Bautista recibirá bajo el programa Justicia para Familias 550.000 dólares.
Dichos fondos fueron asignados a la institución, para que, en colaboración con la Oficina Administración de los Tribunales, establezcan y supervisen un programa en las regiones judiciales de los municipios de Caguas y Utuado.
Dicho programa propone atender y mejorar la eficiencia en los procedimientos de la corte en casos de familias con historial de agresión sexual violencia doméstica, y persecución, o en casos de alegación de abuso sexual de menores.
Los fondos a la institución universitaria ayudará a contratar un director de proyecto, dos coordinadores de proyectos -uno para cada región judicial-, un asistente de actividades y para reclutamiento y entrenamiento de doce voluntarios para cada región para observar y reportar actividades de la corte
La ayuda económica, igualmente, ayudará al desarrollo de manuales operativos y de entrenamiento de vigilancia de la corte para evaluar y discutir potenciales cambios a los procedimientos judiciales para estos casos de familias. EFE