Después de que el trabajador de la construcción de origen ecuatoriano, Carlos Moncayo, de 22 años, muriera en el derrumbe de una zanja en la ciudad de Nueva York en 2015, organizaciones sociales y autoridades electas exigen la aprobación de la Ley Carlos para evitar que más trabajadores de esta industria mueran mientras ejercen sus labores.
Los miembros de la organización New Immigrant Community Empowerment (NICE) junto a la senadora Jessica Ramos y líderes locales marcharon desde Bryant Park hasta la oficina de la gobernadora Hochul para exigir que firme el proyecto de ley antes del 31 de diciembre que es la fecha límite.
Los activistas recordaron que en 2015 las empresas constructoras que fueron declaradas culpables en el caso del inmigrante, Carlos Moncayo, tuvieron que pagar una multa penal de $10,000 cada una, lo que está establecido como pago máximo según la ley estatal actual.
La Ley también establece que los empleadores pueden enfrentar un pago mínimo de $5,000 por muertes en el lugar de trabajo.
“Trabajamos para vivir, no para morir” fueron algunas de las consignas que gritaban los manifestantes quienes también reclamaron que las empresas se hagan responsables de por la vida y seguridad de los trabajadores.
El proyecto de la Ley de Carlos fue aprobado por la Asamblea y el Senado estatal, ahora se encuentra en el escritorio de la gobernadora para su firma.
Con la aprobación de esta legislación se impondría sanciones a las empresas contratistas con al menos $300,000 por un delito menor y $500,000 por un delito grave por un trabajador por muerte o lesión.
Con esta ley, según la senadora Ramos están tratando de hacer que los contratistas se preocupen mucho más por capacitar a los trabajadores, además de ofrecerles los equipos de protección para hacer su trabajo en un ambiente seguro “para poder regresar a sus casas junto a sus familiares”.
La gobernadora tiene 12 días más hasta el 31 de diciembre para firmar o vetar este proyecto de ley, lo que ha motivado a organizaciones como NICE a empujar para que la gobernadora lo firme. De lo contrario, según explicaron, representaría un riesgo inminente para los trabajadores de construcción en la ciudad de Nueva York.
La industria de la construcción se ha opuesto durante mucho tiempo al proyecto de ley argumentando que empujaría a la industria a una recesión. La senadora Ramos destacó que los propietarios inmobiliarios tienen mucho poder en Nueva York y son influyentes.
“Es imposible ponerle un precio a la vida de un ser humano, a la vida de cualquier trabajador. En este país tenemos una historia muy larga de cómo se menosprecia la mano de obra y las personas responsables por construir este país”, dijo la senadora Ramos.
Diana Moreno, subdirectora de NICE durante la conferencia de prensa en Manhattan dijo que las constructoras tienen suficiente dinero y de cometer una infracción que provoque la muerte de un trabajador, las empresas pueden pagar.
Moreno pide que ahora que la decisión se encuentra en manos de la gobernadora, pide que la gobernadora la firme para que las empresas se hagan responsables de la vida de los trabajadores, y estos tengan seguridad en sus trabajos para que sus vidas sean protegidas.
“Estamos listos para luchar hasta que se firme la ley. Estamos cansados de escuchar que otra persona murió”, aseguró Moreno, quien pidió un minuto de silencio al momento de iniciar la conferencia por todas las personas que han muerto trabajando en la construcción.
“Estamos aquí porque nosotros no solamente honramos a nuestros compañeros con un minuto de silencio, los honramos con acción. Los honramos cambiando las leyes que lamentablemente contribuyeron a sus muertes. Los honramos salvando la vida de los compañeros que ellos dejaron atrás”, agregó.
El trabajador de la construcción, Luis Hernández, quien llegó de Venezuela hace más de 6 meses dijo: “estamos trabajando para vivir y no para morir trabajando” e hizo un llamado a la gobernadora para que firme la ley. Lo que ayudará a que las empresas “sepan valorar la vida de toda aquella persona que trabaje en la construcción”.
Hernández reclamó que se contratan a trabajadores en su mayoría inmigrantes y se aprovechan de su esfuerzo, además que no les dan la preparación y la capacitación necesaria, no les dan los materiales de trabajo. Agregó que también son víctimas de robo de salario y no les pagan en su debido tiempo.
“Eso no puede ser posible, los riesgos son diarios desde que salimos en la noche, si es que logramos retornar”, dijo Luis Hernández.
Una publicación de Documented Nueva York destaca que, según los datos más recientes recopilados por el estado, las muertes en los sitios de construcción de la ciudad de Nueva York parecen estar en aumento y la mayoría de esas muertes ocurren en sitios no sindicalizados.
Los trabajadores inmigrantes también están muriendo desproporcionadamente en las obras de construcción . En respuesta, los legisladores están pidiendo al gobernador que firme un proyecto de ley largamente esperado que apunta a reducir las muertes y lesiones.