Karina Borodnikoff

En el marco de los alarmantes números dados a conocer en cuanto al record de desempleo alcanzado en la eurozona, en donde 17 millones de personas no tiene trabajo (esto significa 751 mil más que el año pasado) la Unión Europea consagra el “principio de austeridad”.
El pasado lunes los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reunieron en Bruselas, Bélgica, para llevar adelante un Tratado Internacional que determinará la austeridad presupuestaria de la zona euro.
Quedando afuera los checos (cuyo parlamento y Presidencia no han sido afines a las “euro-decisiones”) y los británicos (rechazaron el acuerdo en diciembre de 2011), fueron 25 los líderes europeos que pactaron el acuerdo, cuyo texto establece que “la posición presupuestaria de los gobiernos será de equilibrio o de superávit”. Esto significa que los Estados no podrán superar un déficit del 0,5 % en el PBI (Producto Bruto Interno) e implica una norma “inquebrantable” que deberá ser incorporada, sin excepción, en las Constituciones de los Estados firmantes.
El foco está puesto en el refuerzo de la disciplina fiscal y la coordinación económica, con el fin de alcanzar un sólido equilibrio presupuestario. Este tipo de tratados requiere unanimidad y así sucedió con los 17 países firmantes del euro y los 8 de la UE que aprobaron un texto explícito en el otorgamiento de poderes a la Comisión Europea, y a cualquiera de estos Estados, a llevar al Tribunal de la Unión Eurpea (con sede en Luxemburgo) al país que no haya inscripto en su Constitución, de manera correcta, la exigencia del equilibrio presupuestario.
El Tribunal tiene el derecho de imponer sanciones económicas de hasta el 0,1 % del PBI a cualquier país que no haya llevado adelante lo que en este momento de la crisis europea significa una “regla de oro inobjetable e inquebrantable”.
La canciller alemana, Ángela Merkel, fue la impulsora de este “fondo de la austeridad” que ha establecido exigencias claves como condición previa para la autorización de un papel tanto más activo del Banco Central Europeo (BCE) y de esta manera lograr el aumento del fondo de rescate para los países con dificultades.
Merkel, en declaraciones realizadas la semana pasada, expresó su desacuerdo en que Alemania sea “el eterno rescatista” de la eurozona, aludiendo a la imposibilidad de su país de contar con recursos inagotables para ayudar al resto de las naciones en crisis. Pidió, bajo este contexto, que los países del bloque, en condiciones de hacerlo, amplíen sus reservas.
Aquellos Estados que no pertenecen a la moneda única del euro, pero que en reiteradas ocasiones reclamaron una mayor participación en las Cumbres, como fue el caso notorio de Polonia, lograron ser escuchados. Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, expresó el compromiso de invitar a estos países a las reuniones de los líderes, al momento de tratarse “cuestiones de competitividad, desarrollo de las aplicaciones del Tratado y modificaciones de la arquitectura de la zona euro”.
El Tratado fue aprobado pero aún falta que sea firmado por los líderes de los Estados. Se ha previsto su confirmación por escrito para el primer día de marzo del 2012, para entrar en vigor a partir de 1 de enero del 2013. Todo indica que su ratificación no será un problema, lo cual fue reconfirmado por el primer ministro de Irlanda en declaraciones que aseguraban que “no tiene ninguna preocupación por la posibilidad de celebrar un referéndum” y agregó que “he dejado claro que, cuando el texto esté terminado, pediré a la fiscal general que suministre al Gobierno su valoración sobre si el texto acordado está de acuerdo con nuestra Constitución”.


























