Washington.- El Gobierno de Estados Unidos ha decidido imponer a los 50 estados el programa "Comunidades Seguras", pese a los problemas que encara y que erosionan la confianza de la comunidad inmigrante en las autoridades policiales.
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) informó de que ampliará la aplicación del programa "Comunidades Seguras" -su "máquina de deportación" predilecta-, aún si los gobiernos estatales no quieren participar, y deja sin efecto los acuerdos hasta ahora pactados.
En una carta enviada a 40 gobernadores y funcionarios locales el, el director de ICE, John Morton, explicó que su agencia busca eliminar la confusión que ha creado "Comunidades Seguras" respecto a si esos acuerdos verdaderamente eran necesarios para aplicar el programa en las jurisdicciones locales.
El paso unilateral de ICE hasta cierto punto elimina las presiones políticas que han venido afrontando los gobiernos estatales opuestos al programa, entre ellos Illinois, Nueva York y Massachusetts.
Esa decisión, sin embargo, no resuelve los problemas que aquejan al controvertido programa, puesto en marcha en 2008 y que, según activistas pro reforma, han erosionado la confianza y la cooperación de la comunidad inmigrante con las autoridades policiales.
El programa "Comunidades Seguras", que constituye una piedra angular de la estrategia de seguridad nacional de EE.UU., permite que las autoridades locales compartan con el Gobierno federal las huellas digitales y otros datos biométricos de los indocumentados en cárceles locales y de los condados.
Los presos con serios antecedentes penales, entre éstos violadores, homicidas y secuestradores, quedan sujetos a un proceso de deportación.
Pero a los activistas les preocupa que el programa vaya a atrapar, además de criminales peligrosos, a personas con infracciones menores de tránsito u otros delitos de menor cuantía.
La presencia ilegal en Estados Unidos es tan sólo una violación civil, no un crimen "deportable", y ha habido casos en que los indocumentados han sido fichados y deportados sin derecho a un juicio o apelación.
Según una investigación reciente del diario "Los Angeles Times", una inmigrante indocumentada que era víctima de las golpizas de su esposo superó su temor a las autoridades y llamó a la policía en busca de ayuda.
En vez de recibir protección, Norma fue trasladada, con moretones y todo, a una cárcel del condado de San Francisco junto con su presunto agresor.
Los propios datos de ICE demuestran que casi la mitad de los fichados bajo "Comunidades Seguras" no eran criminales o sólo habían cometido delitos menores.
El año pasado, las autoridades deportaron a 72.000 criminales indocumentados a través de "Comunidades Seguras", de los cuales sólo 26.000 habían sido condenados por delitos graves.
Frente a las críticas, la respuesta de Morton es que "Comunidades Seguras" fue diseñado para atrapar a criminales peligrosos y que, en aras de la seguridad nacional, tiene mucho sentido y valor.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aún no ha completado una investigación sobre los fallos del programa, y la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO) prevé divulgar un informe similar el próximo año.
Más de 200 grupos defensores de los inmigrantes han exigido que la Administración Obama reforme el programa, de tal manera que sólo se deporte a los indocumentados con antecedentes criminales.
La indignación de estos grupos es entendible si se toma en cuenta que, en paralelo a la ampliación del programa -el DHS quiere ampliarlo a nivel nacional para 2013-, los gobiernos estatales continúan adoptando sus propias leyes de inmigración.
Hay aproximadamente once millones de indocumentados en EE.UU. y no todos son "criminales peligrosos". "Comunidades Seguras" es un programa muy punitivo que impide que personas como Norma denuncien delitos.
Nadie defiende a criminales, claro está, pero lo sensato sería esperar a la revisión y recomendaciones de quienes ahora investigan los fallos del programa, para que no se ensañe con gente inocente.
El lado oscuro de Comunidades Seguras
Expertos en seguridad ciudadana denunciaron que el programa "Comunidades Seguras" creado para identificar y deportar a inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves, es ineficaz y vulnera derechos civiles.
"Esta iniciativa lo único que consigue es dinamitar la confianza de los ciudadanos hacia la policía, de manera que muchos inmigrantes indocumentados no denuncian crímenes de los que son testigos o víctimas por miedo a ser deportados", explicó Arturo Venegas, director de la Iniciativa de Compromiso por Oficiales de Seguridad (LEEI) y jefe de policía retirado.
Desde que vio la luz en 2008, este programa del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de EEUU ha recibido fuertes críticas por parte de grupos pro-inmigrantes, que consideran que se utiliza para deportar indocumentados de manera indiscriminada.
Venegas, varios activistas y expertos en seguridad criticaron ayer que las deportaciones que se realizan en el marco de "Comunidades Seguras" van más allá de los indocumentados que han cometido delitos graves.
"En teoría las deportaciones tendrían que limitarse a quienes han cometido crímenes serios, pero la realidad es que la mayoría de los deportados hasta la fecha estaban acusados sólo de delitos menores", explicó el alguacil Ed Prieto, del condado de Yolo (California).
Según las estadísticas del Gobierno federal, más del 60% de los inmigrantes deportados bajo este programa incurrieron en delitos menores, como infracciones de tráfico, o nunca fueron acusados de ningún tipo de crimen.
Las autoridades federales esperan que para finales de 2013 el programa esté activo en todo el país