Debajo los casos extremos internacionales de derechos humanos cae el poder de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo trabajo es investigar casos de injusticia.
En la 161 periodo de sesiones de audiencia públicas, la CIDH examinó casos de Perú, Guatemala y Argentinta, en particular analizaron si Argentina criminaliza a los inmigrantes y si Guatemala persigue judicialmente a los amibientalistas oponidos a el proyecto hidroeléctricos.
Un grupo de sociedad civil de la Argentina se convocó para solicitar que la CIDH examine su preocupación sobre un decreto del Congreso argentino en la cual modifican la ley de migraciones para prohibir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y facilitar la deportación de los que cometan delitos.
Este nuevo decreto facilita la deportación a inmigrantes que cometen cualquier tipo de delito, hasta casos de delitos menores.
El periodista Diego Morales del Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), comenta que "Toda persona extranjera que ingresa al sistema penal puede estar sujeta ahora a un trámite de deportación, algo que afecta igual a la protesta social o la venta ambulante que al tráfico de drogas".
La segunda sesión sobre Argentina se discuto el caso de la activista argentina Milagro Sala, detenida desde enero 2016 por una protesta en contra del gobernadaor de Jujuy, aunque las organizaciones presentando su caso no quisieron hablar del caso porque tienen "un proceso de medidas y cautelares", y señalaron que la criminización afecta a organizaciones, sindicatos y activistas.
En la tercera rueda sobre Argentina defendieron el impulso del Gobierno para impulsar "la transparencia, digitalización, potenciación de la eficiencia, y fortalecimiento de los procesos de evaluación de los resultados", defendiendo los reformes judiciales que estan sucediendo en este país.
En otra sesión sobre Perú, tras escuchar denuncias, la CIDH dio su recomendación a que el Estado de Perú no separar a familias con menores de edad que hayan sido victimas de la trata de personas en el país.
Al mismo tiempo, en otro salón del edificio evaluaban la persecución y criminilazación de activistas y ambientalistas que se oponen a los proyectos hidroeléctricos de Guatemala.
La manipulación de "factores recurrentes de criminalización" donde los grupos indígenos son tratados como criminales organizados, y según el representante del Consejo del Pueblo Maya de Occidente (CPO), Udiel Miranda, también la detención ilegal de ambientalistas.
Representantes también señalaron que los casos de criminalización intentan a "matar penal y civilmente" a los defensores de derechos humanos en el país.
Hoy dia sigue la Comisión con sesiones sobre el acuerdo de paz en Colombia, y las ordenes ejecutivas del veto migratorio del Gobierno de Donald Trump.