San Juan.- Los ocho hombres y cuatro mujeres que componen el jurado que se pronunciará por la pena capital o cadena perpetua a Edison Burgos, encontrado culpable del asesinato de su novia por un tribunal federal, comenzaron hoy a deliberar sobre el veredicto.
La vida de Burgos, de 42 años, encontrado culpable de asesinar en julio de 2005 a su novia Madelyn Semidey, confidente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), por temor a que le delatara por su implicación en un caso de narcotráfico, está en manos del jurado que se pronunciará en las próximas horas o días.
Burgos puede convertirse en la primera persona desde 1927 condenada a muerte en la isla, hech0 posible al tratarse de un juicio inmerso en el sistema federal estadounidense que convive en Puerto Rico con el local, que prohíbe la pena capital tal y como establece la Constitución puertorriqueña de 1952.
La referencia más inmediata en casos federales es la que se remonta a marzo de 2005, cuando un jurado popular decidió que Lorenzo Catalán y Hernando Medina cumplieran cadena perpetua por el asesinato de un guardia de seguridad en el transcurso de un atraco.
En octubre de 2006, otro jurado popular rechazó la pena capital para Carlos Ayala por la muerte de un agente federal en otro atraco ocurrido en el Hospital de Veteranos de San Juan.
La prensa local recoge que el lunes los fiscales Julie Mosley y Marcela Mateo solicitaron al jurado la pena de muerte para Burgos basándose en el mayor peso de los agravantes del caso.
La defensa, compuesta por los letrados Steven Potolsky y Rachel Brill, según recoge la prensa, pidió misericordia para Burgos, a quien definieron como un buen ser humano hasta el asesinato de su novia.
El juez Jay García-Gregory recordó al jurado que una sentencia a muerte solo es posible si existe unanimidad y agravantes.
Decenas de personas se concentraron a las puertas del Tribunal Federal de San Juan donde se sigue la última parte del juicio a Burgos para protestar contra la pena de muerte en Puerto Rico.
La Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte había convocado una concentración a la que respondieron representante de la Iglesia Católica, el Partido del Pueblo Trabajador y del Popular Democrático.
Burgos, expropietario de la compañía Heavy Equipment, dedicada al transporte y construcción, arrastra un controvertido pasado debido a su implicación en varios casos en tribunales locales.
En 2003 estuvo relacionado con un caso de tenencia de armas del que salió airoso, solo meses antes de ser acusado de agredir al comisionado de la Policía Municipal de Yauco, distrito del sur de Puerto Rico.
La decisión sobre el veredicto a Burgos se produce en un momento marcado por la alta criminalidad que golpea a la isla caribeña, donde en el año 2011 se produjeron más de mil asesinatos, la gran mayoría asociados a ajustes de cuentas entre bandas criminales que se disputan en las calles el control de los puntos de venta de droga.