Se Expande la Legislación Aprobada a Principios de este Año al Incluir a Funcionarios de Escuelas como Solicitantes Elegibles Hacer estas Peticiones
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, anunció hoy que la Asamblea aprobó un proyecto de ley para que personas que hayan sido determinadas por un tribunal como peligrosas para ellos mismos o para otros no tengan acceso a armas de fuego, rifles y escopetas.
“Establecer órdenes de protección contra riesgos extremos es un paso crítico para evitar tragedias innecesarias con armas que ya se han vuelto demasiado comunes”, dijo el presidente de la Asamblea Heastie. “La familia y otros miembros del hogar a menudo son los primeros en saber cuándo alguien está pasando por una crisis o exhibiendo un comportamiento peligroso. Debemos asegurarnos de que cuando expresen sus inquietudes, se les escuchen y se tomen las precauciones necesarias”, agregó Heastie.
“Con demasiada frecuencia, después de la violencia sin sentido perpetrada con armas de fuego, escuchamos de quienes conocían al individuo que vieron señales que les advertía de un posible acto de violencia”, dijo la asambleísta Jo Anne Simon, patrocinadora del proyecto de ley. “A menudo, esto incluye al personal escolar que bajo la ley actual no tiene poder para actuar. No hay ningún mecanismo establecido para evitar tragedias impensables como el suicidio o la violencia interpersonal con armas de fuego, incluyendo los tiroteos en las escuelas. Esta legislación podría ayudar a prevenir estas tragedias al proporcionar un procedimiento para la supresión de armas de fuego de las personas en riesgo, al tiempo que respeta el derecho del individuo al debido proceso”.
La legislación de hoy establecerá la capacidad de un tribunal para emitir una orden de restricción, conocida como “orden de protección de riesgo extremo”, que prohíbe a una persona que representa una amenaza para sí mismo u otros, comprar o poseer un arma de fuego hasta por un año (A.11148, Simon). El solicitante, que podrá ser un miembro de la familia, un agente del orden público o un funcionario escolar, deberá presentar una solicitud jurada que describa las circunstancias y la justificación de la petición. Después de una audiencia, el tribunal podrá otorgar la orden si se encuentra, mediante evidencia clara y convincente, que la persona en cuestión tiene la probabilidad de realizar conductas que podrían resultar en un daño grave para sí mismo o para otros. En circunstancias de emergencia, el tribunal también estará autorizado a emitir una orden temporal restringiendo el acceso a armas de fuego en espera de una audiencia final.
Bajo el procedimiento de apelación existente provisto en las leyes y reglas de práctica civil, se les permitirá a los individuos apelar la decisión de un tribunal de emitir una orden de protección de riesgo extremo. También tendrán derecho a presentar una solicitud, en cualquier momento mientras la orden esté vigente, para que una audiencia suspenda la orden por un cambio de circunstancias y una demostración de que ya no representa un peligro.
La mayoría de la Asamblea se ha comprometido a reducir la violencia armada a través de una legislación sensible sobre armas de fuego y manteniendo y ampliando el acceso a los servicios de salud mental. En marzo, la Asamblea aprobó un paquete integral de legislación sobre armas de sentido común dirigido a proteger a los neoyorquinos de la violencia armada. El paquete incluía medidas para establecer un período de espera de 10 días antes de entregar un arma de fuego a un comprador que no haya aprobado una verificación de antecedentes permitiendo más tiempo para realizar un control más exhaustivo. También incluyó una legislación que prohibiría la posesión, fabricación, transporte, envío y venta de los aditamentos para armas semiautomáticas conocidos como “bump stocks”.
A principios de este año, el Presupuesto Estatal 2019-19 (SFY, en inglés) promulgado incluyó otra pieza crítica de la legislación que requiere los maltratadores entreguen todas las armas de fuego, incluyendo pistolas y armas largas, cerrando una laguna en la leyes del Estado de Nueva York. La ley entró en vigencia el 11 de junio de 2018.
El presupuesto SFY 2018-19 también incluyó $250,000 para expandir los servicios de salud mental en las escuelas comunitarias y $2 millones para una iniciativa de la Asamblea para apoyar ambientes escolares seguros y de apoyo libres de intimidación, acoso y discriminación. El presupuesto aprobado también restauró $3.8 millones en fondos para centros de salud escolares que dan atención de salud física y mental en áreas de alto riesgo del estado de Nueva York.
“La mayoría de la Asamblea luchó incansablemente para asegurar que el presupuesto aprobado incluyera el financiamiento que los estudiantes de Nueva York necesitan para recibir una educación en un ambiente seguro y de apoyo. Esa ha sido una de nuestras principales prioridades”, dijo Heastie. “Nos enorgullece que como resultado de esos esfuerzos, los estudiantes que más necesitan estos servicios tengan acceso a la atención médica física y mental que necesitan, porque sabemos que así es como hacemos que nuestras escuelas sean más seguras”.