Las medidas se Basan en la Ley para Elevar la Edad de Responsabilidad Mínima Penal, así como en Legislación Aprobada a Principios de este Año
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, anunció hoy que la cámara baja aprobó varias medidas para reformar el sistema de justicia penal basadas en la legislación aprobada a principios de este año, diseñada para establecer un sistema más equitativo para todos los neoyorquinos.
“La mayoría de la Asamblea sigue comprometida con la creación de un sistema de justicia penal que funcione para todos los neoyorquinos, no solo para unos pocos”, dijo el presidente de la Asamblea Heastie. “En repetidas ocasiones hemos aprobado medidas que promueven la equidad, mejoran la eficiencia en los procesos judiciales y ayudan a crear comunidades más seguras”, agregó Heastie.
“Los neoyorquinos merecen un sistema de justicia penal que sea equitativo y justo”, dijo el asambleísta Joseph Lentol, presidente del Comité de Códigos. “Cada año hemos luchado incansablemente para entregar un paquete integral de legislación que nos acerque a lograr ese objetivo. Es inaceptable que en pleno 2018 este tipo de inequidad aún exista en nuestro sistema de justicia penal. Ahora es el momento”.
Equidad y Transparencia en el Procesamiento Judicial
Un proyecto de ley muy importante aprobado hoy reformará las leyes de descubrimiento de pruebas criminales de Nueva York y proporcionará un intercambio de información temprano y más sólido en los procesos penales (A.4360-A, Lentol). Esta medida implementará muchas recomendaciones de paneles de expertos y grupos de abogados en Nueva York y reflejará un enfoque más amplio y acelerado del descubrimiento de evidencia que ha existido por mucho tiempo en muchos estados de la nación. El plan preservará la ley actual que permite que se obtenga una orden de protección para prohibir, condicionar o limitar la divulgación de evidencia cuando, por ejemplo, es necesario proteger a una persona de daño físico, intimidación, amenaza, represalia económica, molestia injustificada o humillación.
Previniendo la Discriminación, Reduciendo el Estigma y Promoviendo la Equidad Financiera
En un esfuerzo por ayudar a promover la rehabilitación y prevenir la reincidencia, la Asamblea aprobó hoy una legislación conocida como “ban the box”, para retrasar la posible investigación de un empleador sobre el historial de antecedentes criminales del solicitante (A.2343, Aubry). Las entrevistas se realizarán en función de otros factores y el empleador potencial podría indagar sobre antecedentes penales después de realizar una oferta condicional de empleo. La legislación no se aplica cuando la ley exige una verificación de antecedentes penales federales o estatales.
“Las personas necesitan encontrar un empleo remunerado después de salir de la cárcel para convertirse en miembros productivos de sus comunidades”, dijo el asambleísta Jeffrion Aubry. “La medida ‘ban the box’ ayudará a prevenir el tipo de discriminación que a menudo impide que estas personas encuentren trabajo y, a su vez, ayudará a reducir la reincidencia”.
Un proyecto de ley estipulará que se sellen automáticamente los registros de ciertas condenas de bajo nivel por posesión de marihuana y prohibirá que ésta sea incluida como parte de algún acuerdo para que el acusado se declare culpable para poder evitar ser estigmatizado injustamente de por vida (A.2142, Peoples-Stokes).
“Los efectos de una condena por marihuana de bajo nivel puede tener consecuencias nefastas, como la pérdida de viviendas públicas, licencias profesionales u oportunidades de empleo y educación superior”, dijo la asambleísta Crystal Peoples-Stokes. “Para las comunidades de color, estas consecuencias son particularmente duras debido a la aplicación discriminatoria de la ley de posesión de marihuana. Esta legislación asegura que el futuro de un individuo no sea destruido por una condena menor por marihuana”.
Otra legislación le permitiría al tribunal anular ciertas cuotas o recargos para acusados menores de 21 años, cuando dichos recargos u honorarios impongan una dificultad excesiva o impidan una reintegración exitosa, o cuando la exención de recargos sea en interés de la justicia (A.9786, Dávila).
“Las cuotas y multas impuestas a las familias cuando los jóvenes están en contacto con el sistema de justicia penal a menudo exacerban las dificultades financieras y perjudican la capacidad del joven para reintegrarse con éxito a la comunidad”, dijo la asambleísta Maritza Dávila. “En lugar de llevar a las familias a la ruina financiera, Nueva York debería promover la rehabilitación y reinserción exitosa”.
Recopilación de Mejores Datos para Evaluar las Políticas de Justicia Criminal
La Asamblea también aprobó la Ley STAT, que proporcionará una mayor transparencia al recopilar e informar públicamente los datos policiales críticos de todo el estado. Según la medida, el administrador principal de los tribunales deberá recopilar los datos sobre infracciones y delitos menores, desglosados por condado, y compartir la información con la legislatura y el público. Estos informes proporcionarán métricas para evaluar la efectividad de las políticas de justicia penal existentes. La información incluirá:
•El número de infracciones por delitos menores/acusados por infracciones;
•El tipo de ofensa /la infracción radicada;
•Raza, etnia, edad y sexo del individuo acusado;
•Si el individuo recibió una citación o boleto de comparecencia, estuvo sujeto a arresto de custodia, o si se llevó a cabo una acusación formal como resultado de la falta/infracción;
•Código postal o ubicación donde ocurrió el presunto delito menor/violación;
•Disposición del caso;
•Si el caso fue desestimado, por qué fue desestimado; y
•La sentencia impuesta, incluyendo multas, cargos y recargos.
El plan también requeriría que el jefe de cada departamento de policía, cada sheriff del condado y el superintendente de la policía estatal informen prontamente a la División de Servicios de Justicia Criminal todas las muertes relacionadas con el arresto. Los datos requeridos a ser reportados al DCJS incluyen:
•El número de muertes relacionadas con el arresto en cada condado;
•Raza, etnia, edad y sexo de cada individuo;
•Código postal o ubicación donde ocurrió la muerte; y
•Una breve descripción de las circunstancias que rodearon la muerte.
A principios de este año, la Asamblea aprobó una medida para reformar las disposiciones del juicio rápido de la Ley de Procedimiento Penal de Nueva York, conocida como la “Ley Kalief”. Además, la Asamblea aprobó una legislación para aliviar ciertas restricciones sobre las actividades de las organizaciones de fianzas caritativas, así como una medida que ampliará la disponibilidad de programas judiciales de desvío para el tratamiento de ciertos delitos a menudo asociados con la adicción.