El Presidente de la Asamblea del Estado de Nueva York, Carl E. Heastie, la Presidente de Comité del Trabajo Laboral, Michele Titus y la Presidente del Comité de Operaciones Gubernamentales Crystal Peoples-Stokes, anunciaron la aprobación de una legislación para lograr igualdad salarial de género a nivel estatal y asegurar que las mujeres reciban pago igualitario por su trabajo.
“La semana pasada aprobamos el Día Nacional de la Igualdad Salarial, para representar el tiempo que tienen que trabajar las mujeres hasta el próximo año, para ganar lo mismo que sus contrapartes masculinos, en el caso de las mujeres de color esa fecha no llega sino hasta finales del próximo año”, dijo el Presidente de la Asamblea Heastie y añadió: “La brecha salarial le cuesta a las mujeres cientos de miles de dólares a lo largo de sus vidas, lo que afecta incluso su jubilación y seguridad social. Poner a las familias primero significa apoyar políticas públicas como estas que empoderen a las mujeres”.
DISPARIDAD SALARIAL
A nivel nacional, las mujeres ganan ochenta centavos por cada dólar que ganan los hombres. Las mujeres afroamericanas, ganan sesenta y tres centavos y las mujeres hispanascincuent ay cuatro centavos. Si bien Nueva York tiene la brecha salarial más baja de cualquier estado a nivel nacional, con ochenta y nueve centavos por cada dólar que gana un hombre, todavía no existe igualdad total.
“El lugar de trabajo es uno de los principales campos de batalla en la lucha por la igualdad de las mujeres”, dijo la Asambleísta Titus. “En el último año, hemos visto a mujeres de todo el país marchando y discutiendo para llamar la atención sobre los problemas sociales que son críticos para la salud y el bienestar de las mujeres. La mayoría de la Asamblea continuará luchando por un salario igual por igual trabajo y por medidas legislativas que apoyen a las mujeres en su lucha por la igualdad”, agregó la representante del Distrito Estatal 31.
“No hay justificación para que las mujeres sigan ganando menos que sus contrapartes masculinos por realizar un trabajo igual”, dijo la Asambleísta Peoples-Stokes. “Estas medidas eliminarán las tácticas que perpetúan salarios bajos y paralizados que perjudican a las familias trabajadoras y proporcionan recursos para que cada trabajador tenga el derecho a recibir una compensación acorde con su experiencia”.
LEGISLACIÓN PROHIBE DISCRIMINACIÓN
Si bien existen leyes prohíben la discriminación laboral manifiesta, en muchos casos la discriminación se da en forma de disparidades salariales. La Ley de Pago Justo del Estado de Nueva York establece que es una práctica discriminatoria e ilegal, que los empleadores paguen a empleados que realizan un mismo trabajo un salario diferente debido su género, raza o país de origen.
La legislación presentada por la asambleísta Linda Rosenthal establecería una política estatal para los empleados estatales para asegurar que se pague la misma remuneración por trabajo igual al eliminar la desigualdad salarial en puestos y clasificaciones de trabajos segregados por género, raza u origen nacional.
La asambleísta Rosenthal dijo: “Más de un siglo y medio después de la primera convención de derechos de la mujer realizada en el estado de Nueva York, las mujeres en todas las industrias continúan sufriendo de acoso de género en el trabajo, una brecha salarial significativa … De una vez y por todas, debemos decir no al menosprecio de las mujeres”.
Otro proyecto de ley requeriría que el presidente de la comisión de servicio civil estudie y publique un informe que evalúe las disparidades salariales entre los empleadores públicos. El estudio examinaría las disparidades salariales relacionadas con los títulos de trabajo basados en el género, raza u origen nacional del empleado. Se requerirá presentar un informe sobre los hallazgos a los líderes legislativos y al primer ejecutivo.
La legislación de equidad salarial de la Asamblea también incluye una propuesta para proporcionar a los empleados públicos de un mecanismo para hacer cumplir su derecho a igual salario por el mismo trabajo. El proyecto de ley establece un derecho privado de acción para los empleados públicos que han sufrido discriminación salarial por género, raza u origen nacional.
