Durante el pico de la pandemia del COVID-19 en la primavera del 2020, miles de personas quedaron en el desempleo, lo que desencadenó falta de ingresos económicos.
Esto significa que los innumerables desalojos en la ciudad de Nueva York han afectado en gran medida a las comunidades mayores afectadas por la pandemia, especialmente en las zonas predominantemente latinas y negras.
Funcionarios electos, líderes comunitarios locales y organizaciones sociales este fin de semana se unieron para exigir vivienda digna, como una forma de reparación para las comunidades negras.
El evento fue organizado por la candidata al Concejo Municipal, Pierina Sánchez, que durante su campaña se ha comprometido a luchar por una vivienda digna para todos los residentes de su comunidad.
“La inestabilidad de nuestra vivienda está intrínsecamente ligada a prácticas discriminatorias que han impedido que comunidades como la nuestra acumulen riqueza. Debemos pensar en la propiedad de la vivienda como una reparación por los daños del pasado”, dijo Pierina Sánchez.
La candidata describe que existen las herramientas para crear políticas públicas enfocadas en estabilizar la comunidad para generar riqueza. “Debemos mirar hacia el futuro”, agregó Sánchez.
Un total de 222,135 inquilinos del estado de Nueva York (y contando) tienen casos activos en los tribunales y enfrentan el desalojo en mayo cuando finalice la moratoria. Los propietarios han llevado a los tribunales a 53,811 inquilinos comerciales y residenciales en todo el estado de Nueva York.
Según la Asociación para el Desarrollo Habitacional de Nueva York (ANHD por sus siglas en inglés), las estimaciones de la deuda de alquiler son tan altas como $ 2.2 mil millones en todo el estado y $ 2 mil millones solo en la ciudad de Nueva York.
A pesar de las protecciones de desalojo, el análisis de ANHD de los datos judiciales de la Oficina de Administración de Tribunales del Estado de Nueva York muestra que los propietarios han demandado a 32,576 hogares de la ciudad de Nueva York por $ 265,460,130 desde que comenzó la pandemia COVID-19.
Los propietarios han demandado un 938 inquilinos comerciales por $ 68,903,439 adicionales.
"Las personas que reconstruyeron el Bronx, las personas que pusieron su capital de sudor en el municipio, tienen derecho no sólo a conservar sus casas, sino a ser dueños de esas casas", dijo el representante Ritchie Torres.
Los defensores de la vivienda y varios funcionarios electos de la ciudad de Nueva York lanzaron un plan que solicitó la administración del alcalde Bill de Blasio y al Concejo Municipal que apoyen un mayor desarrollo de los fideicomisos de tierras comunitarias, mantengan la protección de los inquilinos, restauren el presupuesto de viviendas asequibles de la ciudad y creen un nuevo camino hacia la propiedad de vivienda.
Dos políticas en el centro de esta lucha son la Ley de Oportunidad de Compra Comunitaria (COPA) a nivel del Concejo Municipal y la Ley de Oportunidad de Compra de Inquilinos (TOPA) a nivel estatal.
“Este proyecto de ley y el pensamiento detrás de él, es permitir que las organizaciones comunitarias tengan la capacidad de armar un paquete de financiamiento que sea tan competitivo como las compañías de bienes raíces gigantes que tienen un historial de atacar y ser depredadoras de nuestras comunidades y comprar tierras y desplazando familia tras familia ”, dijo la concejal Carlina Rivera, quien es la principal impulsadora de COPA en el Concejo Municipal.
Después de la crisis financiera de 2008, las empresas se vinieron en picada ya las personas no solo se les impidió poder alquilar una vivienda, sino ser dueños de sus propios hogares. “El tema es la democracia representativa”, dijo el representante Adriano Espaillat.
Los líderes políticos expresaron que ahora los tribunales de vivienda están paulatinamente abriendo, aumentarán los desalojos, siendo las comunidades latinas y negras las más vulnerables en medio de una crisis económica que no permite crear una vivienda estable en la ciudad de Nueva York, que se encuentra en un proceso de recuperación.