Después de la muerte de juez Scalia
NUEVO JUEZ SUPREMO PODRÍA APROBAR LEY DE INMIGRACIÓN
Por Armando Bermúdez
IMPACTO
¿Quién será el nuevo Juez de la Corte Suprema que entre en remplazo del reciente fallecido Antonin Scalia, reconocido conservador? Constitucionalmente el presidente Barack Obama tiene la facultad de proponerlo, y dos tercios del Senado de ratificarlo o rechazarlo.
Si el presidente Barack Obama designara al nuevo juez supremo o un nuevo presidente demócrata -en el caso hipotético ganasen en noviembre- lo hiciera, probablemente se crearía la Corte Suprema más liberal desde los años 60’s cuando se instauró la llamada Corte de Warren. Earl Warren fue presidente de dicha instancia entre 1953 y 1969, periodo en el que Estados Unidos vivió una trasformación social sin precedentes.
NUEVO QUID ELECTORAL
Si antes de la muerte del juez Scalia, la carrera por la nominación a la presidencia de los Estados Unidos en el Partido Republicano -particularmente entre quienes encabezan las preferencias- era quien tenía una postura más conservadora y dura contra la inmigración, los refugiados, la discriminación positiva”, el “Obamacare”, el control de armas, entre otros, ahora ha cambiado.
La muerte de Scalia ha puesto sobre el tapete los importantes casos que tiene que ventilar en los próximos meses. Uno de ellos se refiere a la Orden Ejecutiva de Inmigración, por el que millones de indocumentados podrían ver su sueño hecho realidad de iniciar el proceso de residencia camino a la ciudadanía. Otro caso caliente es la discriminación positiva, entre los más destacados.
En la actualidad, los miembros de la Corte Suprema son cuatro conservadores, y cuatro de “centro”, medianamente liberales o liberales. ¿Quién será el noveno del desempate? ¿Cómo ha empezado a afectar esta posible decisión en las elecciones presidenciales? ¿Está impedido el presidente Barack Obama de proponerlo? ¿Es el derecho del nuevo presidente que entre en enero del 2017 quien debe de hacerlo?
La Constitución de Estados Unidos no le otorga a ninguna persona o partido, la facultad legal para interferir la marcha judicial del país para lograr una nominación a su gusto. Esa facultad constitucional y legal recae en el presidente en funciones, según lo dice el Artículo 2 de la Sección II de la Carta Magna.
EN MANOS DE OBAMA
“(El Presidente) Con el consejo y consentimiento del Senado tendrá poder para celebrar tratados, siempre que en ellos concurran las dos terceras partes de los senadores presentes. Asimismo, con el consejo y consentimiento del Senado, nombrará embajadores, otros ministros y cónsules públicos, los jueces del Tribunal Supremo y todos los demás funcionarios de los Estados Unidos cuyos cargos se establezcan por ley y cuyos nombramientos esta Constitución no prescriba”, dice la Constitución.
Pueden intentar interferir, como lo está haciendo el senador Ted Cruz, quien quiere boicotear cualquier posibilidad de nominación judicial en el Senado haciendo un proceso llamado “filibustero”.
O puede sencillamente expresar su desacuerdo en que el presidente Obama lleve a cabo esta facultad que le otorga la ley de leyes, como ha expresado el líder de la mayoría republicana en el senado Mitch McConnell.
“El pueblo americano debiera tener una voz en la selección del próximo juez de la corte suprema”, dijo el senador McConnell. “Por lo tanto, esta vacante no debiera ser llenada hasta que tengamos un nuevo presidente”.
Pero lo real es que el presidente en funciones es la voz que ya dio el pueblo en las lecciones, lo que resulta un contrasentido.
Esta interferencia a la nominación judicial podría ser gravitante en el comportamiento del electorado en las próximas justas de noviembre. ¿Lo aceptará el votante sin “castigar” la interferencia o beneplácito? Es que nadie presagió la muerte de un juez supremo, sino tal vez la renuncia de uno de ellos en la próxima presidencia.
MUERTE INESPERADA
Al ocurrir esta muerte no anunciada ha hecho que salten las alarmas ideológicas, convirtiendo esta vacancia en el segundo puesto público más apetecido para designar allí a alguien cercanamente a su pensamiento.
Esta cuestión habría hecho variar el foco de la atención electoral.
Y ahora llenar la vacante judicial se está convirtiendo en el tema (issue) central de la contienda republicana-demócrata. Esto podría ser hasta que el presidente Obama formule su propuesta, que tal vez ocurra en dos semanas, según fuentes en Washington.
Aun así, aunque el senador Ted Cruz haya amenazado con boicotear las sesiones del Senado usando el proceso “filibuster” para que, si el presidente Obama propone un candidato, “bloquearlo” en forma interminable, los demócratas creen pueden conseguir los 60 votos necesarios para el nombramiento.
Un hándicap para los demócratas es que Cruz, es muy poco querido por la maquinaria del Partido Republicano. Y en el anterior boicot que hizo contra el “Obamacare”, mereció fuertes censuras de sus colegas republicanos que creen les hizo mucho daño a ellos y todo el partido.
Los demócratas tienen 46 votos en el Senado, más dos independientes, mientras los republicanos 56 senadores. La nominación de Sonia Sotomayor a la Corte Suprema consiguió 68 votos (31 republicanos en contra) y la de la jueza Elen Kagan 63-31, ambos jueces propuestos por el presidente Obama.
TEMAS CRUCIALES
En otras palabras, la aprobación de jueces supremos recientes en el senado ha hecho romper a la mayoría “dura” republicana. ¿Volverá a ocurrir?
Los jueces supremos en los próximos meses tienen que resolver importantes cuestionamientos a los sindicatos del sector público, el rol de la raza en el proceso de admisión de la Universidad de Texas, el primer caso de aborto grande desde 2007, los desafíos a los derechos de voto, el mandato de anticonceptivos contemplados en la Ley de Atención Asequibles u “Obamacare”, y decidir sobre las órdenes ejecutivas de inmigración del presidente Obama.
Además del crucial caso de inmigración, los jueces supremos encaran una papa caliente que afecta a las minorías, entre ellos los latinos, como resolver la discriminación positiva.
La discriminación positiva es el término que se le da a una acción que, a diferencia de la discriminación negativa, puede establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes.
Los que se quejan de estar discriminados son personas de raza blanca, que señalan no están amparados por los mismos derechos. Creen que hay una selección sesgada, basada, precisamente, en los caracteres que motivan o han motivado la discriminación.
