El sábado 15 de enero finalizó la moratoria de desalojos en Nueva York después de convertirse en un salvavidas para miles de familias, que a raíz de la devastadora pandemia del COVID-19 se quedaron sin empleos, ni ingresos económicos.
Si bien esta semana se anunció que el portal web de aplicaciones del Programa de Asistencia de Emergencia de Alquiler (ERAP) del estado de Nueva York reabrió sus solicitudes, esto representa para los inquilinos un cúmulo de incertidumbre porque el programa hasta la fecha no cuenta con los fondos.
Los defensores de los inquilinos instan a las personas a que soliciten los fondos a través del portal web de OTDA, ya que una solicitud pendiente brindará protección temporal contra el desalojo, independientemente de si el estado recibe fondos adicionales.
Otro de los temores, es que muchas familias que desconocen sus derechos puedan ser desalojados de sus hogares en una temporada en la ciudad de Nueva York se enfrenta a gélidas temperaturas en pleno invierno.
Esto ha provocado que líderes de organizaciones, autoridades electas e inquilinos continúen alzando su voz exigiendo a la gobernadora Kathy Hochul que extienda la moratoria de desalojo por más tiempo y que apruebe el proyecto de ley de Desalojo por Buena Causa, patrocinado por la senadora Julia Salazar y la asambleísta Pamela Hunter (A.5573/S.1603).
Un día antes que finalizara la moratoria de desalojos, decenas de personas se tomaron las principales calles de la ciudad en Manhattan, exigiendo que se extienda la moratoria, y se apruebe la legislación, lo que permitiría evitar una crisis de desalojo masivo al garantizar la estabilidad de más 1,5 millones de familias en todo el estado.
“Nos encontramos en estos momentos aquí sin importar las edades, aquí están personas de la tercera edad que deberían estar descansando en sus hogares. Queremos soluciones reales que realmente otorguen los fondos necesarios para tu programa”, demandó Ana Gálvez a la gobernadora Hochul.
La Sra. Gálvez residente de El Bronx y miembro de la organización CASA, estuvo entre los manifestantes y gritó a través de un megáfono frente a la oficina de la gobernadora Hochul en Manhattan que van a continuar en las calles “porque todos tenemos una historia. Lo que necesitamos es una solución y no desalojos”, agregó.
La manifestación inició con una conferencia de prensa en las gradas de la biblioteca pública ubicada en Bryant Park y marcharon hacia la oficina de la gobernadora. En ambos lugares expresaron sus reacciones las autoridades electas y algunos líderes de organizaciones, que también demandaron la aprobación del proyecto de ley de Desalojo por Buena Causa.
Esta legislación se refiere a la prohibición del desalojo sin causa justificada y permite otorgar a los inquilinos el derecho a permanecer en sus hogares y la capacidad de desafiar los aumentos de alquiler exorbitantes.
El Defensor Público de la ciudad de Nueva York, Jumaane Williams, demandó que los desalojos “no se pueden permitir en pleno invierno y durante una ola de COVID-19… esto no puede ocurrir”, al mismo tiempo, dijo que “debemos aprobar el desalojo por buena causa que mantendrá a familias fuera de las calles y salvará vidas”.
Por su parte, el Contralor de la ciudad también demandó que es necesaria la aprobación de la Ley de Desalojos por Buena Causa, ya que esta, no permitirá echar a las “personas de sus casas” y protegería a “las madres, los niños y las familias de esta ciudad”, dijo Bran Lander.
En Nueva York los menos favorecidos de los barrios con menores ingresos económicos siempre han sido los más afectados, y la llegada del virus, realmente no creó este problema, sino más bien, lo empeoró. Una desigualdad sistémica que ha existido a lo largo de varias décadas.
Resolver el problema de la vivienda, que es la crisis central vinculada a otras crisis que enfrentan día a día los neoyorquinos menos favorecidos, quizás podría ayudar a resolver problemas como salud mental, pobreza, personas sin hogar, entre otros, que visiblemente aumentaron con la pandemia.
Después de la distribución de $2,200 millones en asistencia de emergencia para el alquiler, se estima que 591,000 hogares en Nueva York siguen atrasados en el pago del alquiler, según al National Equity Atlas, y casi las tres cuartas partes son hogares de color.
Para la asambleísta de origen peruano, Marcela Mitaynes, quien ha sido una fiel defensora de los derechos de los inquilinos, evitar los desalojos se ha convertido en una lucha personal, luego de que ella junto a su familia fueran desalojadas de su apartamento en 2006.
“Estoy aquí porque aquí es donde tengo que estar. Tenemos que responder por la clase pobre, obrera y los inquilinos, es una lucha para todos. Que la gobernadora nos escuche. No se puede permitir un desalojo más”, dijo Mitaynes.
La representante estatal del Distrito 51 instó a sus colegas que “no traten de dividirlos” porque este “no es problema de la ciudad sino del estado entero. Nosotros tenemos que dar soluciones, el gobierno está aquí para trabajar por el pueblo”, agregó.
Nueva York reabre solicitudes para aplicar al Programa de Asistencia de Alquiler