El lunes 27 de enero la Corte Suprema autorizó la vigencia de la nueva regla de carga pública propuesta por la administración Trump el año pasado, la cual limitará la inmigración legal y tendrá gran impacto en ciudades como Nueva York, donde la población inmigrante constituye un gran porcentaje poblacional y base productiva substancial.
A continuación un recuento del proceso de ley de carga pública, los nuevos cambios introducidos, implicaciones y datos fundamentales que deben conocerse.
El Departamento de Seguridad Nacional y la administración Trump lograron una victoria judicial en la implementación de la nueva regla de carga pública, cuando la Corte Suprema suspendió un mandato nacional que impedía que el DHS hiciera cumplir su interpretación reguladora de la sección 212 (a) (4) de la Ley de Inmigración y
Nacionalidad, ley vigente que permite que un extranjero sea inadmisible en este país, si es probable que en algún momento se convierta en carga pública.
La regla de carga pública entra en vigencia en todos los estados, pendiente de apelación, excepto en Illinois, que está cubierta por una orden judicial separada.
La revisión presentada por la administración Trump en agosto de 2019, impactará a personas que dependen de la asistencia pública y hará que los inmigrantes legales no sean elegibles para un estatus permanente si usan beneficios públicos como Medicaid y cupones de alimento o vivienda.
Los cambios penalizarían a inmigrantes que dependen de la asistencia temporal del gobierno e impondrían costos a los Estados con graves y variadas consecuencias.
IMPACTO ESTATAL Y LOCAL
El Estado de Nueva York tiene una de las mayores poblaciones inmigrantes del país y se estima que un veintitrés por ciento de su población ha nacidos en el extranjero, incluyendo casi el cincuenta y seis por ciento de ella, que son ciudadanos naturalizados y el tres punto seis por ciento que son indocumentados.
Programas federales administrados a nivel estatal pueden variar ampliamente en sus reglas sobre quién califica para recibir asistencia y cuánto reciben.
Como estado liberal con altos impuestos, los programas de Nueva York son más generosos por lo que puede ser una desventaja, ya que puede aumentar la proporción de inmigrantes en riesgo de ser considerados carga pública, en comparación con Estados conservadores con programas más limitados, como Virginia o Georgia.
Los inmigrantes en Nueva York tienen más probabilidades de calificar para programas federales como Medicaid, ya que el Estado ofrece Medicaid a cualquier persona que gane un ingreso dentro del 138% del nivel federal de pobreza y gasta la segunda cantidad más alta en fondos de Medicaid detrás de California.
La administración estatal de programas como cupones de alimentos es más compleja, porque los estados definen los ingresos y bienes del hogar de diferente manera.
En general, el Estado y la ciudad de Nueva York han sido relativamente agresivos combatiendo la inseguridad alimenticia y participan en Double Up Food Bucks, un programa que brinda cupones para comprar alimentos cultivados localmente, cuando usan beneficios de SNAP.
La regla tendrá efectos desproporcionados en los estados, debido a la cantidad de familias inmigrantes en cada uno de ellos.
En 2016, Nueva York albergaba a 733.000 niños ciudadanos con padres no ciudadanos (16.6% de todos los niños en el estado, el sexto más alto en el país) y el 23.8% de niños inscritos en Medicaid / CHIP en Nueva York (498.000) ciudadanos con padres no ciudadanos.
Si los efectos llevan a los padres a sacar a sus hijos ciudadanos elegibles de Medicaid / CHIP, el impacto será mayor en estados como Nueva York, con poblaciones inmigrantes más grandes.
Un estudio del Instituto de Política Fiscal sugieren que económicamente se producirá un efecto dominó de la regla de carga pública, que provocará la pérdida de $2.2 mil millones en fondos federales que ingresan al Estado, se estima que si el veinticinco por ciento de las personas se retirase de los programas, la pérdida podría crear un efecto
dominó de $3.6 mil millones en industrias de atención médica, alimentos y otros lugares y se perderían hasta 25.000 empleos a nivel estatal.
A nivel de la ciudad de Nueva York, el cuarenta por ciento de sus residentes son nacidos en el extranjero, por lo cual el cambio en la regla tendrá gran impacto, al cual los expertos han llamado “de enfriamiento” y por ejemplo en estados que utilizan fondos solo estatales para proporcionar cobertura de Medicaid o similar a Medicaid, a personas
que no cumplen con el requisito federal de inmigración muy restrictivo, los inscritos en esta cobertura pueden no saber que su cobertura es estatal, igualmente las autoridades de inmigración pueden no entenderlo.
ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN
La carga pública es un concepto legal amplio, por el cual se determina si una persona es admisible para entrar legalmente a territorio estadounidense y también para determinar si es admisible para obtener residencia legal.
Funcionarios de inmigración utilizan la carga pública analizando sus ingresos, empleo, salud, educación, habilidades, situación familiar y si un patrocinador firmó un contrato -declaración jurada de apoyo conocida como afidávit-, por el que promete apoyar al solicitante de visa o residencia.
Los funcionarios pueden ver si una persona ha utilizado programas de beneficios específicos o determinar que es probable que se convierta en una carga pública a futuro.
La teoría de una regla de carga pública se remonta a la Ley de Inmigración de 1882, cuando legisladores federales querían asegurarse de que los inmigrantes pudieran cuidarse a sí mismos y no terminaran siendo carga pública.
Regulaciones vigentes de 1996, pulieron el término, que se define como alguien que depende principalmente de la asistencia del gobierno, lo que significa que éste le proporciona más de la mitad de sus ingresos, pero solo contaba los beneficios en efectivo, como Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o Ingresos de Seguridad
Suplementarios del Seguro Social.
El 14 de agosto de 2019, la administración Trump publicó una nueva regla ampliando la definición de carga pública de una persona que depende principalmente del gobierno, a través de uno o más de los programas gubernamentales.
Esta nueva regla agrega detalles específicos sobre cómo funcionarios de inmigración, tendrán en cuenta los ingresos, salud, edad, educación y estado familiar del solicitante.
La norma revisada de la administración amplió los criterios para incluir beneficios no monetarios que cubren necesidades básicas como vivienda o alimentos utilizados en cualquier período de doce meses, en un período de treinta y seis meses.
El uso de dos tipos de beneficios en un solo mes cuenta como dos meses, y así
sucesivamente.
En el pasado, solo contaba la ayuda monetaria sustancial y sostenida o atención médica a largo plazo y menos del uno por ciento de solicitantes fueron descalificados por carga pública.
La nueva regla amplía la definición de quién se espera que dependa del gobierno, al incluir más programas de beneficios en ella y permite a funcionarios de inmigración, negar el estatus legal permanente.
La regla final, emitida en agosto de 2019, prescribe cómo el DHS determinará si un extranjero es inadmisible, como establece la Sección 212 (a) (4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, por la cual una persona que solicita la admisión a los Estados Unidos o que busca ajustar su estado, al de una persona legalmente admitida para residencia permanente es inadmisible si en el momento de la solicitud de admisión o ajuste de estado, es probable que en cualquier momento se convierta en carga pública.
EXCEPCIONES, CONSIDERACIONES, PRIVACIDAD
La prueba de inadmisibilidad, para determinar si una persona puede ser carga pública, no se aplica a todos los inmigrantes, excepciones incluyen a refugiados, asilados, sobrevivientes de trata, violencia doméstica u otros delitos graves, incluyendo solicitantes y titulares de visa T o U; VAWA auto-peticionarios; menores inmigrantes especiales y ciertas personas en libertad condicional en Estados Unidos.
Los beneficios recibidos cuando las personas se encuentran en una de estas categorías, no se contarán en contra. Residentes permanentes legales tampoco están sujetos a una prueba de carga pública cuando soliciten la ciudadanía.
El uso de beneficios públicos por sí solo, no convierte a un inmigrante en una carga pública.
Los funcionarios de inmigración deben analizar todas las circunstancias individuales, para determinar si es probable que se convierta en carga pública a futuro, incluyendo su edad, salud, ingresos, activos, recursos, educación / habilidades, la familia que debe mantener y la familia que lo apoyará.
Factores positivos, como tener trabajo o seguro de salud, pueden compararse con factores negativos, como haber utilizado ciertos beneficios o tener una enfermedad crónica.
De cualquier manera se puede demostrar por qué no es probable que una persona dependa de ciertos beneficios a futuro. Beneficios de salud, nutrición y vivienda utilizados antes del 15 de octubre de 2019, no pueden ser considerados por los funcionarios de inmigración en una prueba de carga pública.
Programas utilizados por hijos ciudadanos estadounidenses, no pueden usarse en contra en la prueba de inadmisibilidad de carga pública, con la posible excepción de asistencia en efectivo.
La prueba de carga pública no considera beneficios utilizados por miembros de familia.
La mayoría de inmigrantes que solicitan residencia permanente, no son elegibles para los beneficios enumerados en la regla.
Beneficios utilizados por los miembros elegibles de la familia no se cuentan, a menos que esos miembros de familia también soliciten residencia.
Los beneficios que anteriormente estaban excluidos de la prueba de carga pública (como Medicaid y SNAP) se considerarán, solo si se reciben después del 15 de octubre, 2019.
La nueva regla se aplica solo a personas cuya solicitud de residencia permanente fue presentada (refrendada o presentada electrónicamente) a partir del 15 de octubre de 2019.
La información personal y privacidad de personas que reciben cobertura de atención médica, nutrición, apoyo económico u otros beneficios públicos, está protegida por leyes federales y estatales.
Programas públicos no deben solicitar información sobre estado migratorio de solicitantes de beneficios para otra persona de su familia o del hogar.
Las agencias de beneficios pueden compartir información con otras agencias gubernamentales, solo con el propósito de administrar sus programas, con excepciones limitadas.
CARGA PÚBLICA
Cuando una persona solicita convertirse en Residente Permanente Legal, inmigración analizan todas las circunstancias para determinar si es probable use uno o más de los siguientes beneficios en el futuro: Asistencia en efectivo, asistencia temporal para familias necesitadas, asistencia en efectivo estatal o local como ayuda general;
programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP o cupones de alimentos o EBT); asistencia de vivienda de la Sección 8; Medicaid, excepto servicios de emergencia, niños menores de 21 años, mujeres embarazadas y nuevas madres, durante sesenta días.
Además de asistencia en efectivo y cupones de alimentos, la nueva regulación incluye varios programas y beneficios financiados con fondos públicos, asistencia en efectivo para el mantenimiento y atención médica a largo plazo a expensas del gobierno, podrán considerarse para fines de carga pública.
Tipos de beneficios en efectivo y asistencia, que podrían conducir a la determinación de que una persona probablemente dependerá principalmente del gobierno para su subsistencia y, por lo tanto, será carga pública incluyen: Seguridad de Ingreso Suplementario bajo el Título XVI de la Ley de Seguridad Social; asistencia en efectivo para Asistencia Temporal para Familias Necesitadas parte A del Título IV de la Ley del Seguro Social el sucesor del programa AFDC; beneficios no monetarios bajo TANF, como subsidios de cuidado infantil o de tránsito; pagos en efectivo no recurrentes para situaciones de crisis no pueden considerarse como evidencia de
carga pública.
Programas estatales y locales de asistencia en efectivo que brindan beneficios para el mantenimiento de ingresos, llamados programas de Asistencia general”; programas, incluido Medicaid, que apoyan a personas que reciben atención a largo plazo, por ejemplo, en un hogar de ancianos o en una institución de salud mental.
La inadmisibilidad basada en la carga pública está determinada por la totalidad de las circunstancias.
Como mínimo, un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración debe evaluar la totalidad de circunstancias, incluidos factores legales anteriores, un oficial puede considerar la recepción de ciertos beneficios financiados con fondos públicos.
No todos los beneficios financiados con fondos públicos son relevantes para decidir si es probable que alguien se convierta en una carga pública.
Al determinar si es probable que alguien se convierta en una carga pública, USCIS considerará si es probable que el individuo se vuelva principalmente dependiente del gobierno para su subsistencia. Hospitalización a corto plazo para rehabilitación y costos de encarcelamiento por prisión, no se consideran carga pública.
BENEFICIOS NO CONSIDERADOS CARGA PÚBLICA
Beneficios en efectivo, no monetarios o de propósito especial, que no se consideran para fines de carga pública incluyen:
Medicaid y otros seguros de salud y servicios de salud incluida asistencia pública para inmunizaciones y para pruebas y tratamiento de síntomas de enfermedades transmisibles; uso de clínicas de salud, servicios de rehabilitación a corto plazo y servicios médicos de emergencia) que no sean apoyo para atención institucional a
largo plazo; programa de seguro de salud para niños; programas de nutrición como el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y Desayuno Escolar y otros programas de asistencia alimentaria de emergencia y suplementaria:
beneficios de vivienda; servicios de cuidado infantil; asistencia energética, como el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos; ayuda de emergencia ante desastres; cuidado de crianza y asistencia de adopción; asistencia educativa (como asistir a la escuela pública), incluidos beneficios de la Ley Head Start y ayuda para educación primaria, secundaria o superior; programas de entrenamiento laboral; programas, servicios o asistencia en especie, basados en la comunidad, como comedores populares, asesoramiento e intervención en caso de crisis y refugio a corto plazo.
Programas estatales y locales similares a los programas federales mencionados anteriormente, generalmente tampoco se consideran carga pública.
Los estados pueden adoptar diferentes nombres para los mismos o similares programas financiados con fondos públicos.
Es la naturaleza del programa, no el nombre adoptado en un estado particular, lo que determina si debe considerarse o no con fines de carga pública.
En California, por ejemplo, Medicaid se llama Medi-Cal y CHIP se llama Familias Saludables.
Pagos en efectivo que se han ganado, como beneficios del Título II del Seguro Social, pensiones del gobierno y beneficios para veteranos, no respaldan una determinación de carga pública.
La compensación por desempleo tampoco se considera para fines de carga pública.
REACCIONES A FAVOR Y EN CONTRA
Ken Cuccinelli, Director de Homeland Security al conocer el dictamen dijo: “El DHS siempre ha confiado en que un poder judicial objetivo revertiría las medidas cautelares impuestas a la agencia, para que podamos hacer cumplir la ley de larga data aprobada por un Congreso bipartidista…la autosuficiencia e independencia (financiera) son valores
estadounidenses clave, que no deben ser descartados mediante un litigio legal, sino que deben ser alentados y adoptados por la próxima generación de inmigrantes. Planeamos implementar completamente esta regla en cuarenta y nueve Estados”.
La secretaria de prensa de la Casa Banca, Stephanie Grisham, en un comunicado expresó:Esta decisión permite al Gobierno implementar regulaciones que afecten la ley federal de larga data, que establece que los recién llegados a este país deben ser financieramente autosuficientes y no una carga pública para nuestro país y sus ciudadanos”.
Barbara D. Underwood, Procuradora General de Nueva York, respondió que la nueva política interrumpiría radicalmente más de un siglo de políticas de inmigración establecidas y programas de beneficios públicos.
La gran expansión de la regla de carga pública, para incluir a las personas empleadas que reciben cualquier cantidad de ciertos beneficios aprobados, incluso por breves períodos, es una desviación absoluta de un consenso de más de un siglo, que ha limitado el término para individuos que dependen principalmente del gobierno para la
subsistencia a largo plazo.
La carga pública nunca ha incluido a personas empleadas que reciben cantidades modestas o temporales de beneficios gubernamentales, diseñados para promover la salud o la movilidad ascendente.
David Leopold, ex presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración dijo: Esta regla es un asalto total contra la inmigración legal.
Castigar a inmigrantes legales, que necesitan ayuda financiera, pone en peligro la salud y seguridad de familias inmigrantes, incluidos niños ciudadanos estadounidenses, e impondrá potencialmente millones de dólares en atención médica de emergencia y otros costos a gobiernos locales y estatales, empresas, hospitales y bancos de
alimentos.
Entre los afectados habrán personas de color y con discapacidad, explicó Claudia Center, de la Unión Americana de Libertades Civiles, indicando que la norma discriminaría a personas discapacitadas o penalizaría a quienes dependen de Medicaid para pagar sillas de ruedas o respiradores.
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, describió la regla como una desviación absoluta de un consenso de más de un siglo”.
El juez de la corte de distrito, George Daniels, quien emitió en noviembre la orden judicial preliminar a nivel nacional, prohibiendo la ejecución de la regla, dijo que los objetivos de la regla y de la administración eran repugnantes:
“La regla es simplemente una nueva política de exclusión de la agencia en busca de una justificación.
Es repugnante al sueño americano de la oportunidad de prosperidad y éxito a través del trabajo duro y la movilidad ascendente.
Los inmigrantes siempre han venido a este país buscando una vida mejor para ellos y su posteridad.
Con o sin ayuda, la mayoría tiene éxito.
El Juez Daniels emitió el mandato bloqueando la nueva regla, pero el Procurador General Noel Francisco apeló la decisión ante la Corte Suprema, pidiendo a los jueces que permitan que entre en vigencia, mientras se desarrolla el proceso de apelaciones.
Defensores de los inmigrantes indican que todavía hay una oportunidad de detener la regla en los tribunales y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración y sus socios han presentado una demanda para pararla.
La decisión, emitida por la Corte Suprema fue en respuesta a una petición de emergencia de la administración Trump, lo que significa que el gobierno puede comenzar a aplicar los nuevos estándares, que según los críticos supondría una carga para los inmigrantes pobres de países que no hablan inglés, mientras que los desafíos legales
continúan en tribunales inferiores.
Los jueces federales en Nueva York, Maryland e Illinois también tienen previsto escuchar casos que impugnen la regla de la carga pública.
La regla de carga pública puede ser confusa, complicada e incluso atemorizante, cuando no se conocen los detalles, implicaciones y consecuencias dependiendo de cada caso, por lo que es importante consultar con un abogado registrado y operando ante las leyes estadounidenses.
El uso de beneficios públicos no convierten automáticamente a una persona en una carga pública.