Organizaciones ambientalistas, indígenas y civiles, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomar medidas cautelares para "evitar daños irreparables" al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, sureste de México, ante los posibles daños que ocasionaría la construcción del megaproyecto del Tren Maya.