Los migrantes atrapados por las redes de trata en América

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El tráfico ilícito de migrantes por Centroamérica alimenta otro delito, la trata de personas con fines de esclavitud sexual o laboral.

 

El tráfico ilícito de migrantes por Centroamérica alimenta otro delito, la trata de personas con fines de esclavitud sexual o laboral.

El responsable de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (UNODC) para Centroamérica y el Caribe, Amado Philip de Andrés, dijo en entrevista que comienzan a evidenciarse los vínculos entre la trata de personas para su explotación sexual y el tráfico ilegal de migrantes.

Más de la mitad de las víctimas son niñas de 14 a 17 años de la región. Los criminales engañan a sus familias, “les prometen todo”, y las explotan, en un negocio que genera al menos 400 millones de dólares anuales en Centroamérica y el Caribe, informó.

En 2015, la mitad de las mujeres forzadas a prostituirse en Panamá eran venezolanas y colombianas, según la Comisión Nacional contra la Trata de Personas (CNTP).

Panamá es considerada por las organizaciones criminales un destino“, admitió el fiscal adjunto Ricardo Muñoz, quien precisó que los traficantes “son más que todo de Suramérica”.

“Muchos entran y salen, están de turismo. Pero en seis meses (con visado turístico) se puede explotar perfectamente a una víctima y se les saca la inversión”, explicó.

Las investigaciones de su oficina concluyeron que muchas de las víctimas explotadas en Panamá “fueron trasladadas a Europa”.

Un convenio firmado por la CNTP, la UNODC y Copa Airlines incorporó a la aerolínea panameña en la campaña Corazón Azul de la ONU para concienciar sobre la trata: algunos de sus aviones llevan el logotipo de la campaña e información en la revista de a bordo.

La prevención es la puerta de entrada para empezar a atacar. Hablo de involucrar a la empresa privada”, declaró De Andrés, que reveló que el 90 % de las víctimas de trata llegan a Panamá “por avión, en líneas regulares”.

La UNODC mantiene conversaciones con KLM, Air France y Turkish Airways para que se sumen, ya que “penetran en nuestro ‘hub’ de las Américas” y es “importante trabajar” con ellas, dijo.

Hoteles de la cadena Hilton en Panamá contribuyen al esfuerzo, con personal capacitado por la UNODC para que identifique a las víctimas y dé la alerta, y en aeropuertos como el panameño Tocumén o el de Las Américas de Santo Domingo opera Aircop, un cuerpo policial apoyado por la ONU y la Interpol.

La Oficina de la ONU está trabajando ahora en Panamá en el establecimiento de un “albergue modelo en todo el continente” para las víctimas, con idea de abrirlos en puntos estratégicos y también en las fronteras con Colombia y Costa Rica.

De Andrés destacó la necesidad de una “cooperación muy estrecha” entre los países afectados: “Puede haber cuatro víctimas de República Dominicana y el tratante puede ser una mujer panameña en Panamá. Suelen ser casos que se relacionan en dos o tres jurisdicciones”.

Desde el aeropuerto dominicano de Las Américas “parten víctimas hacia Europa y víctimas hacia Centroamérica”, dijo De Andrés.

No hay datos de cuántas dominicanas son víctimas de trata. Según un informe de 2013 de la ONG dominicana “Tú, Mujer”, entre 30.000 y 70.000 mujeres de ese país se dedican al trabajo sexual.

Fue el caso de Patricia (nombre ficticio), que comenzó a prostituirse a los 15 años, tras tener a su primer hijo y ser abandonada por el padre.

Le dijeron que había un “recurso bueno para conseguir dinero” si viajaba a Haití, y una vez allí le quitaron el pasaporte y la obligaron a pagar la deuda contraída por ella misma y por otra mujer que la acompañaba y pudo escapar.

“Como llegamos juntas, me cobraron toda la deuda de ella y, para que yo no escapara, no me dejaban salir. Pagué todo el dinero y después me dejaron ir. Hay sitios en los que te cansas de pagar y nunca acaba, pero gracias a dios me pude ir” a los seis meses, rememoró.

Según el director de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, Jonathan Baró, hay dominicanas víctimas de trata para prostituirlas en Panamá, Haití, España, Suiza, Argentina, Uruguay, Curazao, San Martín, Trinidad y Tobago y hasta Guinea Ecuatorial.

Si bien hace años la mayoría viajaba engañada creyendo que iba a trabajar en peluquerías o cuidando niños y ancianos, ahora saben que serán prostituidas, aseguró Santo Rosario, director del Centro dominicano de Orientación e Investigación Integral.

“Saben a lo que van pero no saben lo que les espera”, dijo.

Las redes de la trata están integradas por gente de la propia comunidad de las muchachas, por eso la mayoría no denuncia.

Una antigua víctima, la diputada Jacqueline Montero, que ejerció la prostitución durante 12 años y hoy promueve un proyecto de ley para defender los derechos de este colectivo, denunció que en muchos casos son las familias las que empujan a las muchachas porque “les van a ayudar a salir de la miseria”.

En América, la mayoría de los casos de trata detectados tienen el fin de la explotación sexual: en 2014, afectaba al 55 % de las víctimas en Centroamérica y el Caribe (niñas en su mayoría) y al 57 % en Sudamérica y América del Norte, según la UNODC.

La esclavitud laboral afectó al 15 % de las víctimas en Centroamérica/Caribe, al 29 % en Sudamérica y al 39 % en América del Norte.

Anna Rodríguez, fundadora de la Coalición de Florida contra el Tráfico de Personas (FCAHT), cree que las estadísticas sobre trata para explotación sexual en EEUU están “infladas” y que se está “ignorando” a las víctimas de la servidumbre laboral.

“La gente no entiende que trata de personas no es solamente la trata sexual. Se está ignorando la trata laboral y la trata de servicio doméstico“, alertó en entrevista.

Nacida en Puerto Rico, Anna trabajaba para la Policía cuando hace 18 años se topó con el primer caso de trata investigado por el FBI.

La víctima era una indígena guatemalteca, María Chuz, llevada a la fuerza a EEUU con 15 años, esclavizada en un cultivo de tomates y sometida a abusos sexuales por su patrón, que la amenazaba con hacerle brujería a sus padres si escapaba.

Chuz fue la primera persona en recibir la visa “T” creada ex profeso para estas víctimas.

Según Rodríguez, la conciencia que levantó este caso empezó a decrecer en 2009, cuando salió a flote la trata sexual, un delito “más fácil” de combatir para la Justicia.

No hay “cifras de (trata) laboral ni de servidumbre porque esos casos no los están buscando, no los están investigando”, mantuvo.

El 80 % de las víctimas atendidas por la FCAHT en los últimos 13 años son varones asiáticos esclavizados laboralmente.

“Hoy en día, más del 70 % (de las víctimas de trata) están entrando legalmente (en EEUU) por aeropuertos (en vuelos) provenientes de Europa y Asia, más que de Latinoamérica”, destacó.

“Cuando llegan -explicó- no les pagan, les quitan los pasaportes, no les dan comida y les dicen que no hay trabajo (en los puestos que les prometieron) y los ponen a trabajar en McDonalds o Walmart. Después de seis meses, los abandonan”.

Otras víctimas de trata terminan en las redes de mendicidad, de adopción o matrimonio forzados, de tráfico de órganos, un delito este último casi invisible para las autoridades.

En Panamá, “no podemos decir que tengamos conocimiento de que se ha hecho una extracción ilícita de órganos, o de mendicidad, o de matrimonio servil”, dijo el fiscal entrevistado.

En México, la Procuraduría (Fiscalía) General de la República declinó responder a preguntas sobre el tema, denunciado apenas por voces como las del sacerdote mexicano y activista por los derechos de los migrantes Alejandro Solalinde.

Según Solalinde, “hay indicios” de este delito como el caso de 15 brasileños indocumentados que entraron en México en 2007 por su costa del Pacífico, cruzaron el país hasta Veracruz y, allí, fueron a un bar “y unas chicas los abordaron y les pusieron algo en la bebida”.

Cuando se despertaron, estaban en una especie de quirófano y habían perdido alguno de sus órganos. “No sé si era un ensayo, pero ellos no murieron. Este fue el primer aviso que recibí” sobre tráfico de órganos, dijo.

El director del Consejo Estatal mexicano de Atención al Migrante, Carlos Cea, informó de que investigaciones realizadas junto a EEUU en Baja California no permitieron hallar indicios de este delito.

“No tenemos documentada -agregó- ninguna circunstancia de este tipo, es decir, no tenemos ni tráfico de órganos ni muertes anticipadas ni secuestros que tengan que ver con esta materia”. Minds/EFE

 

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