La diáspora responde a la crisis fiscal de Puerto Rico

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Por Camille A. Padilla

IMPACTO LATINO

 

La diaspora Puertorriqueña se ha estado movilizando de una forma nunca antes vista dado la situación económica de la isla. El 2 de diciembre se nombró el Día Nacional de Acción para Ayudar a Puerto Rico. Organizado por la Federación Hispana, líderes puertorriqueños y latinos exigirán acción federal inmediata para la isla al frente del Capitolio de los Estados Unidos.

Esto viene un mes después que funcionarios electos puertorriqueños, entre ellos los congresistas Nydia N. Velázquez (D-N.Y.), Luis V. Gutierrez (D-Ill.), y la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York Melissa Mark-Viverito, crearon una Coalición Nacional de Funcionarios Electos Puertorriqueños durante una reunión en Orlando, Florida.

“Puerto Rico nunca en su historia ha estado en las noticias tanto cómo en los pasados cuatro a cinco meses,” dijo el periodista Juan González la semana pasada en el panel “Deuda Impagable: Capital, Activismo, y la Crisis Financiera de Puerto Rico” organizado por el King Juan Carlos I of Spain Center de NYU.

Puerto Rico ha estado en recesión por casi 10 años y atrajo atención de los medios internacionales en junio cuando el gobernador Alejandro García Padilla declaró la deuda pública de $73 billones impagable. Esta cifra es la combinación de alrededor de 18 deudas de diferentes agencias gubernamentales y municipales. El Banco Gubernamental de Fomento fue la agencia que el 3 de agosto del 2015 pagó solo $628,000 de $58 millones que debía en bonos.

El grupo que se manifestará el miércoles, demandará que el Congreso provea a Puerto Rico la oportunidad de acogerse de las protecciones la de ley de quiebra y reestructuración de la deuda, elimine las desigualdades de fondos al programa de Medicaid y preservar el acceso a cuidados de la salud en Puerto Rico, y le dé un alivio a las familias puertorriqueñas mediante la ampliación del crédito federal por ingreso de trabajo (Federal Earned Income Tax Credit) y del crédito tributario por hijos e hijas (Child Tax Credit).

“La situación económica actual es consecuencia de la cuestión pendiente sobre el estatus político de Puerto Rico,” dijo Jeffrey Farrow, acesor político de Hillary Clinton en un panel organizado por CIRCA—un grupo estudiantil de la Universidad de Columbia en Nueva York.

En 1898 Puerto Rico, en aquel tiempo colonia española, fue invadida por los Estados Unidos. España cedió la isla al terminar la Guerra Hispana-estadounidense. Hoy en día la isla se considera un territorio incorporado de los Estados Unidos, esto significa que el estatus último no se ha decidido—puede convertirse en estado o una nación-estado. Los puertorriqueños tienen su propia constitución desde el 1952, de dónde se introdujo el término Estado Libre Asociado, pero muchas pólizas económicas son controladas por el Congreso de los Estados Unidos.

Los 3.5 millones de ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico, no tienen ningún tipo de representación en el Senado de los Estados Unidos. El único representante en Washington D.C., es el Comisionado Residente quien tiene voz pero no voto en el Congreso.

“Las leyes más importantes afectando la economía de Puerto Rico están hechas por representantes e individuos de los Estados Unidos,”dijo Farrow.

En el 1917, cuando se estableció el gobierno civil de Puerto Rico, además de darle ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, el Congreso estableció que todos los bonos emitidos en Puerto Rico serán exentos de impuestos por el gobierno de Estados Unidos o cualquiera de sus localidades.

Desde ese entonces los bonos municipales han sido atractivos por su status como inversión de triple exención fiscal. El gobierno de Puerto Rico usaba esos bonos para infraestructura, hasta en el 2001 que empezaron a pedir prestado dinero para otras funciones de gobierno.

La economía de Puerto Rico, siempre se ha movido por el código tributario de Estados Unidos. Las leyes tienden a beneficiar las grandes corporaciones y no defienden al gobierno puertorriqueño o sus residentes. Por ejemplo, la sección 936 de la ley de impuesto le da a las corporaciones estadounidenses exención de impuestos originados en los territorios de los Estados Unidos. Esto ha hecho que Puerto Rico pierda $35 billones anuales que se llevan 40 corporaciones multinacionales porque el gobierno de Puerto Rico no puede cobrarle impuestos para retener el dinero que ganan en la isla.

Puerto Rico también está exento a el capítulo 9 de la ley de quiebra que deja a municipalidades de los estados declarar bancarrota, cómo lo hizo Detroit hace dos años.

El Senador Manuel Natal en el panel en Columbia dijo, “Esto no es una crisis de Puerto Rico, esto es una crisis global. Ayer era la crisis de Argentina, Ecuador, hoy la de Puerto Rico, y mañana será la de Illinois.” Natal es parte del Partido Popular Democrático que ahora mismo está en poder.

De cierta manera, el gobierno de Puerto Rico se vió forzado a seguir tomando prestado dinero para mantener su gobierno. “La noción que todas las deudas tienen que ser pagadas debe de cuestionada,” dijo Rafael Bernabé profesor de la Universidad de Puerto Rico y candidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT).

“Antes de acordar a pagar la deuda tenemos que investigar cómo esta deuda fue adquirida, cúal es el origen, cuál es la historia de la deuda.” Bernabé dice que la deuda debe de ser auditada y re-examinada. “Las políticas deben de estar creadas para que podamos pagar lo quea legítimo y sustentable, pero no al costo de los programas sociales y el desarrollo económico que necesitamos.”

Ninguna de las agencias que tomaron prestado dinero, acumulando la deuda de Puerto Rico, aún han sido auditadas. “Hay quien dice que tardaría demasiado tiempo, hay quien dice que hay unos intereses económicos envueltos que han aguantado el proceso de auditoría,” dijo Natal. Al principio de este año, él presentó un proyecto para una auditoría ciudadana de la deuda cual se logró pasar cómo parte de una enmienda a un proyecto en el Banco Gubernamental de Fomento el pasado Julio.

Sin embargo, el gobernador y los presidentes de los cuerpos legislativos puertorriqueños dejaron los términos para nombrar miembros de la junta pasar. Natal visitó Nueva York para buscar apoyo cívico sobre la auditoría de la deuda.

Natal piensa que la deuda puede ser más alta de lo que se está reportando. Según sus cálculos, una gran parte de la deuda pudo haber sido obtenida ilegítimamente, cual significa que Puerto Rico no la tiene que pagar.

“Esa comisión de auditoría es un paso importante independiente de cuál uno crea que es el curso a seguir porque nosotros no podemos sentar a negociar con nadie una condiciones de una deuda que nosotros no hemos auditado, que nosotros no hemos visto si es una deuda legítima o ilegítima,” dijo Natal.

Puerto Rico y Estados Unidos tienen que hacer su parte para que la situación en la isla mejore. Primero, Puerto Rico tiene que conocer la deuda para poder negociarla. Pero, Estados Unidos también tiene que darle los mismos derechos a los puertorriqueños que a todos sus ciudadanos. Más aún, como dijo González, es importante que los estadounidenses se empiezan a preguntar, “¿Por qué los Estados Unidos todavía tiene a Puerto Rico como territorio?”

 

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